El pasado 18 de julio, el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió un documento donde indica a la constructora Hidalgo e Hidalgo que en un plazo de 10 días se terminará unilateralmente el contrato, documento firmado a pocos días de concluir la administración anterior de la Prefectura.
Esto se daría luego de fenecer, asimismo, un tiempo anterior en el que solicitaron la comparecencia de los representantes de la constructora para dar por culminado el contrato pero por mutuo acuerdo.
“Cuando corría el último día nos llegó un oficio donde indicaban que no se sentían conformes con nuestra sugerencia de llegar a una acuerdo. Por ese motivo nos pronunciamos con el anuncio de la finalización del proceso unilateralmente”, dijo la prefecta, Johana Núñez, ayer por la noche.
Legal
Su decisión la anunció luego de finalizada una audiencia en la que, motivados por esta notificación del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, los representantes de la Hidalgo e Hidalgo solicitaron una acción de protección ante el Consejo de la Judicatura.
Durante sus intervenciones, los asesores legales que llegaron desde otras provincias, solicitaron al juez reactivar el contrato, suspendido semanas atrás.
Dijeron que no están trabajando porque la Prefectura local les ha notificado de no contar con el dinero para pagarles. Sin embargo, aseguraron no ser responsables de posibles incumplimientos del Gobierno Provincial con el Banco de Desarrollo del Ecuador que generaran de la parte financiera, el cierre de su convenio para el crédito de la obra.
EL DATO
Los representantes de Hidalgo e Hidalgo abandonaron inmediatamente la sala al concluir la audiencia. Se negaron a conversar con la prensa. El asesor legal de la Prefectura, Polibio Flores, fue contundente en su defensa. El profesional del Derecho expuso criterios válidos, relacionados a la cronología de la firma y entrega de los documentos, así como el por qué se decisión suspender los trabajos.
“No tenemos cómo pagar los trabajos luego de que se retire el crédito del Banco de Desarrollo. Es una decisión que precautela los recursos de la constructora, además, evita al Gobierno Provincial adquirir obligaciones por incumplimientos”, manifestó en su alegato.
Luego de escuchar las intervenciones, y tras tres horas de audiencia, el juez no aceptó el recurso solicitado por la empresa Hidalgo e Hidalgo, indicando que no se comprobó que existiera violación al derecho a la seguridad jurídica, y a los derechos de libertad de contratar y de trabajar, los que demandaba la constructora. (ARR)
“Dimos un plazo para negociar y terminar por mutuo acuerdo, pero nos notificaron de que no estaban conformes con esa sugerencia”.
Johana Núñez,
Prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas
“De acuerdo con los informes presentados hasta ahora, únicamente la Prefectura analizaría el desembolso de poco más de 200 mil dólares por indemnización”.
Polibio Flores,
Asesor Jurídico de la Prefectura