Ecuador avanza en libertad de prensa pero aún arrastra problemas, según ONG

La directora de contenidos de la local Fundamedios, Desirée Yépez. Foto: EFE
La directora de contenidos de la local Fundamedios, Desirée Yépez. Foto: EFE
El director del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombié. Foto: EFE
El director del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombié. Foto: EFE

Quito, EFE

Las ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Fundamedios reconocieron hoy que Ecuador ha mejorado en sus niveles de libertad de prensa desde la llegada del presidente Lenín Moreno al poder en mayo de 2017, pero aún debe solventar graves problemas.

En una rueda de prensa en la Universidad San Francisco de Quito, RSF y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) coincidieron en ensalzar el trabajo del actual Gobierno en Ecuador para mejorar la situación de la libertad de expresión e información en el país andino, «que no es uno de los peores de América Latina para la práctica del periodismo».

El director del despacho Américas de RSF, Emmanuel Colombié, ensalzó la actual Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador como «la más específica y detallada» de la región, pero censuró que fue empleada como «herramienta represiva», sobre todo por el anterior Ejecutivo de Rafael Correa.

«En los mandatos de Rafael Correa, estuvimos preocupados por la mala aplicación de la LOC, que ha sido interpretada de manera equívoca y utilizada como herramienta de presión a los periodistas del país», explicó Colombié.

El responsable de la ONG internacional, ponente en un seminario internacional de periodismo, señaló los principales problemas a los que se enfrenta Ecuador en la actualidad, como «el hecho de que se pueden capturar y asesinar a periodistas ecuatorianos» o «falta de transparencia» del Gobierno nacional y acceso a la información.

La directora de contenidos de la local Fundamedios, Desirée Yépez, recalcó que «desde 2013 y hasta mayo de 2017, se impusieron 527 sanciones a medios de comunicación» en el país, coincidiendo con el último mandato de Correa, mientras que en el año y medio que lleva Lenín Moreno en el poder se registraron 31, «todas ellas mientras estuvo Carlos Ochoa al frente de la Superintendencia de Comunicación».

A su vez, denunció que, desde 2008 y hasta 2017 -coincidiendo con el Gobierno de Correa- se contabilizaron 2.464 agresiones a periodistas y medios de comunicación, siendo la mayoría de ellas protagonizadas directamente por el expresidente.

Por su parte, en el año y medio de Gobierno de Moreno ha habido 264 agresiones, la mayoría de ellas en la región de Pichincha (47 %) y protagonizadas en su mayoría por «reductos del correísmo» en municipios o entes provinciales.

En lo relacionado con la LOC, en proceso legislativo de reforma y a la que el Gobierno de Moreno ha introducido unas 80 enmiendas, Yépez enumeró hasta nueve artículos que deberían modificarse «para que llegue a los parámetros establecidos a nivel internacional«.

Entre ellos, estaría el ámbito de aplicación de la ley, el artículo relacionado con los códigos deontológicos, que a su juicio deberían ser elaborados por los propios medios y no por el Ejecutivo, y la cuestión de la reserva del 33 % del espacio para los medios públicos, cuestión que no contemplada por los estándares mundiales.

Ambas organizaciones también coincidieron en la necesidad de establecer un Comité Interinstitucional para la protección de periodistas a fin de evitar secuestros y asesinatos de profesionales de los medios.

Un equipo periodístico del diario quiteño El Comercio fue secuestrado en la zona fronteriza con Colombia y asesinado en cautividad hace más de siete meses por una disidencia de las FARC cuya principal actividad es el narcotráfico.

«Una de las prioridades de Fundamedios es que se concrete este comité y poder establecer su funcionamiento», manifestó Yépez antes de concretar que debería estar formado por miembros del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Comunicación y representantes del gremio periodístico y sociedad civil.