Expresiones de júbilo brotaron ayer de parte de exjueces, abogados, dirigentes sindicales, estudiantes universitarios, activistas sociales y dirigentes políticos. Sucedió en el teatro de la Universidad Central, en Quito, donde el Consejo transitorio de Participación Ciudadana leyó la resolución que cesó a Gustavo Jalkh como presidente de la Judicatura, y con él a todos sus vocales.
Fueron cinco horas y media de lectura del proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad. En él se expresa, en definitiva, que hubo un manejo arbitrario del sistema de justicia en el cual, para los cargos, predominaron los nexos familiares o de amistad con la autoridad, el nombramiento irregular de jueces y fiscales sin respetar el puntaje en concursos, entre otros aspectos.
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miembros tiene el Consejo transitorio. La decisión fue unánime. La evaluación se dio con base en cinco parámetros: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.
Se mencionó, por ejemplo, que el origen de todas esas irregularidades se dio con el nombramiento del cesado Consejo de Participación Ciudadana, ya que cuatro de sus siete integrantes eran afines al Gobierno de Rafael Correa y, a la vez, designaron a las autoridades de la Judicatura, quienes también fueron muy cercanos a Correa, por lo que se incurrió en conflicto de intereses.
Sobre la designación de notarios, se dijo que, en algunos casos, fue producto del tráfico de influencias. Además, que la Judicatura se arrogó funciones al aplicar el error inexcusable a jueces que no fallaban a favor de los intereses del poder de turno.
Las reacciones
“Me encuentro satisfecho de que un organismo serio haya reconocido que cada una de las denuncias que hemos presentado ha sido verdad, revelando las arbitrariedades que ha cometido el Consejo de la Judicatura”, reaccionó Hernán Ulloa, abogado de un grupo de jueces que han venido luchando en el plano jurídico por los que consideran la afectación de sus derechos constitucionales.
EL DATO
A las 11:00 de hoy, Jalkh ofrecerá una rueda de prensa. Por su parte, a través de un comunicado, los vocales cesados afirmaron que esperan la notificación oficial para pronunciarse en las próximas horas sobre el contenido de la decisión.
“Rechazamos los calificativos vertidos de manera infundada en la resolución, así como las aseveraciones carentes de fundamento técnico–jurídico o fáctico para pretender sustentar sus opiniones parcializadas”, dice el comunicado. Agregan que se ha violado el debido proceso y que hoy a las 11:00 Jalkh ofrecerá una rueda de prensa.
A partir de la notificación, las autoridades de la Judicatura tienen tres días para para presentar el recurso de revisión, que debe ser resuelto por el propio Pleno del organismo de transición. (HCR)
Conflicto de intereses del cesado Consejo de Participación que designó a la Judicatura (Fuente: informe del Consejo transitorio)
° Marcela Miranda (Presidenta): Asesora del Ministerio del Litoral, Coordinadora social para el programa Socio Agua y Saneamiento en el sector rural del Litoral.
° Fernando Cedeño (Vicepresidente que luego ocupó la presidencia): Subdirector del Registro Civil de septiembre de 2008 a marzo de 2009, subdirector general del IESS de enero a mayo de 2008, secretario general del Ministerio de Finanzas de enero a diciembre de 2007.
° Tatiana Ordeñana: Directora provincial del Innfa de enero de 2008 a 2010, asesora de la secretaría técnica del Ministerio del Litoral de enero a octubre de 2008, consultora del proyecto de nueva legislación de niños y adolescentes en Projusticia, cuando esa entidad la presidía Gustavo Jalkh.
° Mónica Vanegas: Consejera principal y vicepresidenta del primer Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en 2009.
Luis Pachala: No se encontraron conflictos de intereses al momento de su designación, pero cuando ejerció el cargo fue demandado por Diego Vallejo por cargos ejercidos durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez.
° Andrea Rivera: No se encontraron conflicto de intereses al momento de su designación ni en el ejercicio del cargo.
David Rosero: No se encontraron conflicto de intereses al momento de su designación ni en el ejercicio del cargo.
Conflicto de intereses
En la cesada Judicatura (Fuente: informe del Consejo transitorio)
° Gustavo Jalkh (presidente): Relaciones de amistad, asociación y cercanía con el expresidente Rafael Correa, ya que previo a ejercer el cargo fue secretario particular de Correa, Ministro de Gobierno, Ministro de Justicia, primer representante suplente del parlamentario andino Freddy Elhers, Director de Projusticia, Director de la unidad de coordinación para la reforma de administración de Justicia, Director de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia y Coordinador del programa de modernización del Sistema Jurídico.
° Néstor Arbito: Amistad con Correa y con Jalkh. Fue miembro de la comisión de selección de los jueces que conformarían la primera Corte Constitucional, asesor del exministro de Electricidad Esteban Albornoz, asesor jurídico del Secretario Nacional de Transparencia de Gestión, Ministro de Justicia, subsecretario de Coordinación Interinstitucional en el Ministerio de Justicia y Director de Projusticia.
° Ana Karina Peralta: Asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación, Viceministra de Justicia, Directora de Projusticia, abogada del departamento de Responsabilidades en la Contraloría cuando su titular era Carlos Pólit, abogada de la Subdirección regional jurídica y litigios de la Corporación Financiera Nacional.
° Alejandro Subía: Director de Desarrollo Tecnológico en el Servicio de Rentas Internas, asesor de la Presidencia en Informática Gubernamental. Su título profesional, de ingeniero civil, no le permitía ejercer el cargo, según el informe, por no ser afín a las funciones que debía ejercer en la Judicatura.
° Rosa Elena Jiménez Vanegas: Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, Abogada, Doctora y Magíster en Gobernabilidad y Gerencia Política conferido por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una especialización en Derechos Humanos y es Diplomada en Derecho y Técnicas Aduaneras, Educación, Desarrollo de la Inteligencia y Creatividad, Gestión de Proyectos y en Responsabilidad Social Empresarial. El informe también le señala como cercana a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa.
° Paulo Rodríguez (exmiembro de la Judicatura): Su título profesional no le permitía ejercer el cargo, según el informe, por no ser afín a las funciones que debía ejercer en la Judicatura.