El Estado deberá corregir procedimientos en el campo educativo y además reparar a los familiares de la víctima
“La justicia tarde, pero llega”. El popular adagio se aplicó para Paola Guzmán y su familia. 18 años tuvieron que pasar desde la muerte de la muchacha, de 14 años, para que un Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hallara al Estado ecuatoriano “responsable por la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra de la adolescente…”.
Tras el fallo, difundido la noche del viernes, hoy, 15 de agosto, el presidente, Lenín Moreno, anunció por medio de su cuenta de Twitter que el Gobierno acatará la disposición de la alta magistratura.
En el marco del respeto a los Derechos Humanos y del sistema interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la CIDH en el caso de Paola Guzmán…”, escribió el Primer Mandatario.
Según un comunicado emitido por organismo internacional, “En 2001, año en el que Paola fue violentada, el Estado no había adoptado medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente”.
Los hechos
La CIDH concluyó además que hubo una lesión al derecho de acceso a la justicia de los familiares de Guzmán, derivando este acto en la impunidad por la prescripción de la acción penal que fue consecuencia de la “inacción estatal, especialmente en la falta de diligencia en la detención del procesado”.
En 2001, cuando la víctima tenía 14 años, fue agredida sexualmente por el vicerrector del colegio al que pertenecía. Él ofreció ayudarle a pasar de año a cambio de violarla.
En 2002, la adolescente ingirió pastillas que contenían fósforo blanco que finalmente terminaron con su vida. El 6 de febrero de 2003, las autoridades ordenaron la detención del vicerrector y, en 2 de septiembre de 2005, se le imputaron cargos por estupro agravado.
El implicado se dio a la fuga y, en 2008, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.
Entre las medidas de reparación, la CIDH dispuso que, en el plazo de un año, el Estado identifique medidas adicionales a las que implementa para corregir insuficiencias en relación con datos estadísticos sobre eventos de violencia sexual contra niños o niñas en el ámbito educativo.
También se ordenó mejorar el maneo en la detección de estos casos y la capacitación a personal de educación respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Asimismo, los jueces fallaron para que el Gobierno de provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en este ámbito.
Debido a la afección que sufrió la familia de la víctima, la CIDH también dispuso medidas de reparación económica a su favor, por daño material e inmaterial.
De acuerdo a la misma CIDH, el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, es el primero de esas características por el que los jueces de ese organismo emiten un fallo. (FLC)