La consejera de Participación Rosa Chalá fue la segunda interpelada en defenderse hoy, martes 29 de julio de 2019, ante la Comisión de Fiscalización, por el proceso de juicio político que se sigue en su contra.
Con un discurso que apeló al sentimentalismo, en el que no faltó su voz entrecortada, Chalá sostuvo que no ha incumplido ninguna función como para ser llamada a juicio político, porque no ha pasado suficiente tiempo. Los legisladores Jeannine Cruz y Raúl Tello sostienen que ella habría caído en desacato.
«Han pasado 43 días», repetía una y otra vez y cuestionaba a los asambleístas que hayan iniciado un proceso de control político, cuando ella y sus compañeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y José Carlos Tuárez fueron elegidos por voluntad popular.
«La Constitución establece que quienes fuimos electos por votación popular estamos sujetos a que se nos revoque el mandato. Sin embargo, ustedes desconocen esta realidad políticamente. Me quieren enjuiciar. Yo estaría tranquila que el pueblo que me eligió, sea el que decida que me vaya a la casa», dijo.
Por esas declaraciones, las intervenciones de los legisladores se centraron en aclararle a ella y a Tuárez que sí son sujetos de control político desde el día uno que asumen sus funciones. El asambleísta Daniel Mendoza (AP), por ejemplo, pidió varios puntos de información para explicar que no se trata de cuántos días han pasado. Además, dijo que como asambleístas deben sustanciar el proceso para determinar si procede o no el juicio político, para que en caso de que se apruebe, en el Pleno, los 136 legisladores se conviertan en jueces políticos con sus votos.
«Le pediría que cuando analicemos las competencias de nosotros como legisladores y de ustedes como consejeros, hayamos hecho nuestro trabajo en leer los artículos correspondientes», le dijo a Chalá.
Eliseo Azuero (BADI) también le confrontó cuestionando la asesoría legal y constitucional que está recibiendo. «Usted de manera sistemática e incisiva viene insistiendo que no son sujetos de control político. Eso supone dos cosas, negarse a un control político o desconocer la Constitución«, dijo.
Inclusive la presidenta de la Mesa, Johanna Cedeño (AP), intervino para recordarle que los miembros de la Mesa no están para probar que ella es culpable, sino para que ella pruebe que es inocente, y que después de una valoración de los elementos de cargo y descargo se tomará una decisión. (AGO)