AFP
Los fiscales generales de Iberoamérica respaldaron el jueves a su colega de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y rechazaron todo hostigamiento, acoso y amenaza contra los procuradores de la región en una declaración conjunta en Buenos Aires, donde vetaron la presencia de su posible sustituta.
«Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del ministerio público de Venezuela», señala la declaración de la asamblea extraordinaria de fiscales, convocada para tratar el caso de la funcionaria venezolana, que fue leída por la anfitriona argentina, Alejandra Gils Carbó.
La declaración repudia también «todo acto contrario a la independencia y autonomía» de los fiscales y rechaza «cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los ministerios públicos».
Antes del inicio de la asamblea, se le negó el ingreso a Katherine Haringhton, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como posible sustituta de Ortega que intentó formar parte del encuentro.
«No se le permitió el ingreso porque el conjunto de los fiscales y procuradores entiende que la fiscal general venezolana es Luisa Ortega y en su lugar se permitió la participación de su representante, Patricia Parra», dijo a la AFP una fuente del Ministerio Público argentino.
Gils Carbó, procuradora general de Argentina, dijo en rueda de prensa que junto a su colega boliviano y presidente de la Asociación Iberoamericana del Ministerios Públicos (AIMP), Ramiro Guerrero, recibirían más tarde a Haringthon, en un encuentro sin acceso a la prensa.
La fiscalía venezolana sostiene que la aprobación del nombramiento de la vicefiscal es potestad exclusiva del poder Legislativo, así como la remoción de la fiscal. Pero el TSJ, acusado por sus detractores de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
A través de una llamada por teleconferencia, Ortega recordó a sus colegas que no pudo estar presente en la asamblea porque se le prohibió la salida del país y denunció también que congelaron sus cuentas bancarias.