Pimampiro, La Hora
“Ignacio fue utilizado, porque del delito por el cual ahora es procesado no se benefició en un solo centavo, la verdadera beneficiaria de todos los dineros por los que Ignacio ahora está detenido es Victoria Mesa, con quien él convivía hace cinco años”, dijo Aurora (nombre protegido), familiar consanguíneo del implicado, al referirse a los acontecimientos que se suscitaron antes que José Ignacio Castillo, de 27 años de edad, fuera aprehendido por el delito de estafa.
Lo de la cárcel sólo sería el epílogo a una larga cadena de desacuerdos en el que siempre Castillo llevaba la peor parte. Según sus familiares y una decena de sus allegados, hasta antes que Ignacio inicie su vida en compañía de Victoria, fue un joven dedicado al trabajo y gozaba del aprecio de la mayor parte de los moradores de Pimampiro.
Sus aprietos económicos habrían iniciado con la instalación de sus negocios particulares para lo cual realizó algunos préstamos en instituciones financieras teniendo siempre como garantes a los integrantes de su familia.
Al igual que los abogados de los perjudicados, los familiares de Ignacio, también se preguntan ¿Dónde está el dinero producto de las transacciones mercantiles que realizaban en su local de comercio? La respuesta es simple, dijo uno de sus familiares, quien fue el portador de la respuesta del implicado, quien habría asegurado “que todo el dinero producto de los negocios estaría en manos de Victoria Mesa”, su conviviente, quien por el momento, según los afectados, niega cualquier vinculación económica con Castillo.
El Tambo está hipotecado
En relación al terreno de El Tambo, único bien que por herencia le correspondía a José Ignacio Castillo, que en principio se dijo que estaba a nombre de Azucena Reyes, para evitar que los acreedores puedan actuar sobre el inmueble, ayer, se conoció que la propiedad está hipotecada al Banco Nacional de Fomento, donde Castillo tiene un crédito impago.
Según los propios familiares, el bien podría ser rematado por la institución financiera o entrar en un litigio judicial, porque la Distribuidora Juan de la Cruz, habría solicitado una prohibición de enajenar el terreno.