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Inversión en telecomunicaciones lejos de estándares internacionales

OCT, 26, 2020 |

FALENCIA. Una mayor cobertura y acceso siguen siendo temas pendientes

Mientras la media per cápita es de $147 por persona, en Ecuador se llega a $27. El sector enfrenta una pesada carga de impuestos y deficiente aplicación de políticas públicas

Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), explicó que Ecuador tiene mucho campo de mejora para lograr dos objetivos claves. Por un lado, la extensión de la cobertura, sobre todo a zonas rurales y, por el otro lado, el aumento del componente de innovación tecnológica y renovación.

Sin embargo, el país tiene una inversión per cápita que está 5 veces por debajo de estándares internacionales. Así, mientras solo destinamos $27 por ecuatoriano para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, incrementar la velocidad de la banda y la digitalización de la economía, el promedio en el resto del mundo llega a $147.

Inclusive países de la región como Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia y Uruguay tienen niveles de desarrollo más altos. Según el Índice de digitalización del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ni siquiera alcanzamos la media regional (42,35 puntos), porque a pesar de las mejoras relativas en los últimos años, apenas llegamos a 35,69 puntos. Ese índice califica seis parámetros: infraestructura digital; capital humano y fuerza de trabajo; políticas públicas y regulación; digitalización del Estado; digitalización de los hogares; y, economía digital

“Las inversiones no se pueden hacer si no hay una verdadera alianza público-privada. Desde el Gobierno debe estar claro cuáles son los elementos de costos y políticas que se pueden modificar para dar el salto”, dijo Méndez.

Menos costos

La estructura del mercado ecuatoriano tiene particularidades que hacen imprescindible racionalizar y reducir la carga de tasas, impuestos y contribuciones.

El principal factor que hay que tomar en cuenta es que el Ingreso Promedio por Usuario, que reciben las operadoras es de $5,6 en Ecuador, mientras en Estados Unidos llega a $25 y en Europa está en alrededor de $20.

“Los países latinoamericanos, y en particular Ecuador, tienen que revisar muy a detalle, tanto sus políticas públicas como regulatorias con el fin de bajar los costos de los servicios de telecomunicaciones”, puntualizó la secretaria general de Asiet.

La meta es que, a pesar de los niveles bajos de ingreso, se pueda subir la capacidad de inversión de los operadores. Un primer paso en esa línea es la revisión de los valores que cobra el Estado por gestión de espectro radioeléctrico. Esos valores superan en más de 58% lo que se aplica en el resto de los países latinoamericanos.

Por otro lado, según Fabián Pozo, abogado en derecho de la competencia, telecomunicaciones y TICs, Ecuador es el país que más impuestos tiene para el sector (un total de 19), debido a que se ha privilegiado la recaudación a la inversión. Ese esquema tributario, que incluye impuestos a los consumos especiales, cargos por inclusión de nuevos canales en la parrilla de los operadores de televisión por suscripción, entre otros, encarece los servicios en más de 30% y hace menos rentable los negocios.

Mal uso del Fondo de Servicio Universal

Cada año las operadoras deben contribuir con el 1% de sus ingresos para alimentar el llamado Fondo de Servicio Universal. En teoría, los más de $35 millones que se recaudan deberían utilizarse para reinvertir en el sector, con el fin de cumplir con dos objetivos: ampliar la cobertura y ampliar el acceso, a través de subsidios directos a familias de bajos ingresos.

A pesar de que las 7 provincias del país tienen menos de 1% de cobertura, los dineros del fondo no se utilizan para lo que dispone la ley y, en su lugar, se van al presupuesto del Estado para otros fines.

“Los dineros recaudados deben ir para ser inversiones en las regiones en donde no es rentable para las operadoras privadas. Además, mediante una focalización bien dirigida, se debe subsidiar la tarifa para la población más vulnerable”, acotó Méndez.

Una opción, con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el sector público, es que se quite la obligatoriedad de contribuir al fondo, pero a cambio de inversión en el desarrollo de infraestructura en ciertas zonas. (JS)

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