El domingo, Chile vota por cambiar su Constitución

Protestas. El plebiscito, aplazado en abril por la pandemia, busca descomprimir las protestas de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia en Chile.
Protestas. El plebiscito, aplazado en abril por la pandemia, busca descomprimir las protestas de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia en Chile.

Redacción SANTIAGO DE CHILE
(EFE)

«Apruebo» o «Rechazo»: son las opciones que aparecerán en las papeletas de los chilenos el domingo. Para los que marcarán la primera, una nueva Constitución es la vía para «construir un Chile mejor», mientras que sus detractores creen que lo último que necesita el país es «una hoja en blanco».

Cerca de 14,7 millones de personas decidirán en las urnas si quieren reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y cuestionada por otorgarle un papel secundario al Estado.

Las encuestas dan por ganador el «Apruebo», aunque se muestran más igualadas en la otra cuestión que se preguntará a los chilenos: si el eventual nuevo texto debe ser redactado por un órgano integrado solo por ciudadanos electos para ese fin o compuesto también por parlamentarios.

‘Blindar los derechos básicos’

Considerada «ilegítima» por su origen dictatorial y la fuente de las desigualdades del país, sanitarios, feministas, indígenas y jubilados creen que solo con una nueva Constitución se podrán «blindar los derechos básicos».

«Es muy importante que establezcamos en el nuevo texto que lo primero no es la libertad individual», dijo a Efe Francisca Crispi, del Colegio Médico de Chile, una de las organizaciones más críticas con la gestión gubernamental de la pandemia.

‘Rechazar para reformar’

Entre los defensores del «Rechazo» existe, sin embargo, la idea de que el plebiscito es «innecesario» porque los problemas que sufre el país «se pueden solucionar con leyes».

Para el empresariado, el proceso constituyente genera además «incertidumbre» y desincentiva la inversión, en momentos en que la economía acusa los efectos de las protestas y la pandemia, con una caída del PIB del 14,1% en el segundo trimestre, la mayor desde 1986.