El Defensor Público reconoció que lo llamaron a presionar, mientras Jalkh sí intercambiaba mails con Correa.
Un video acaba de cruzar las fronteras de YouTube. En él, la periodista venezonala Patricia Poleo muestra supuestas filtraciones de correos electrónicos entre funcionarios del pasado Gobierno, según los cuales se evidenciarían presiones desde el poder en temas y decisiones judiciales.
Ayer, el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, reconoció que intercambió correos con el expresidente Rafael Correa; además, el defensor público, Ernesto Pazmiño, recibió una llamada del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, para que ‘guardara silencio’ en el caso que se siguió contra algunos estudiantes del colegio Central Técnico, de Quito. Ambos pronunciamientos subieron de tono las protestas.
Jalkh restó valor a las revelaciones. Para él, se trata de una campaña de descrédito. Argumentó que el hackeo de cuentas o el robo de correos electrónicos son actos delincuenciales que carecen de valor legal y ético.
Según el funcionario, el contenido de ese video puede estar sujeto a cualquier manipulación. ¿Quién da fe de que esos correos no fueron modificados o editados?”, preguntó. Luego, dijo que sus conversaciones electrónicas con su exjefe Rafael Correa eran acerca del marco jurídico vigente en el país y que el objetivo fue determinar acciones conjuntas de política pública.
Alegó que esto no debe sorprender porque es necesario que haya un diálogo fluido entre las autoridades de las funciones del Estado. Mencionó, como ejemplo, que el exmandatario le solicitó su opinión sobre la Ley de Garantías Constitucionales y que su respuesta fue que esta normativa debe ser reformada.
El otro caso
Pazmiño fue más enfático. Contó que Mera sí lo llamó, como se dice en el video, para que no contraviniera la tesis del Gobierno en el tema de los estudiantes del Central Técnico, que para él estaban siendo procesados ilegal e injustamente. “Existió la intención de interferir en un órgano autónomo de la Función Judicial y, lamentablemente, así se actuaba. Por ello en su momento declaré que los jueces en Ecuador tienen temor de actuar”, agregó Pazmiño y que los operadores de justicia pensaban más en la reacción del poder político.
Reacciones fuertes
A Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuyo caso también es mencionado en el video, no le sorprende todo esto. Zamora, quien fue acusada de participar en los desmanes de la revuelta policial del 2010, sostuvo que esas comunicaciones evidencian que en casos como el suyo hubo presión por parte de Correa y de otros exfuncionarios a la justicia.
“Correa y Alianza PAIS hicieron de la Justicia, con sus cortes, fiscales y jueces, el instrumento, en primer lugar, para blindar a los corruptos y, en segundo, para perseguir a todos los luchadores sociales, a la gente que denunciaba la corrupción”, expresó.
En 2013, la exdirigente fue sentenciada a ocho años de cárcel por un tribunal de Guayas, sin embargo, a mediados de 2014 la Corte Nacional de Justicia falló a su favor al declararla inocente por falta de pruebas.
Los abogados de los casos Central Técnico, Mejía y 10 de Luluncoto prevén reunirse en los próximos días para definir acciones a seguir, tras la divulgación de los correos electrónicos.
“No es un secreto. Lo único que está saliendo a relucir es lo que toda la población sabía: que el anterior Gobierno manejaba y controlaba la Justicia en todos los frentes”, reaccionó ayer Gonzalo Realpe, uno de ellos, al manifestar que consultará con sus representados.
Ramiro Román, quien también ha formado parte del equipo defensor de estos casos, señaló que le correspondería actuar a la Fiscalía. “Estos incluso son actos de corrupción porque se vulnera la imparcialidad que deben tener jueces y fiscales o un defensor público al actuar”, expresó. (LC/RVD/ASC)
Juez suspendido
En la rueda de prensa que ofreció ayer Gustavo Jalkh, el titular de la Judicatura, reveló que el conjuez nacional Marco Maldonado fue suspendido de sus labores por 90 días y se le abrió un sumario administrativo.
Esto, para investigar la supuesta conversación que habría mantenido con el excontralor Carlos Pólit para emitir una resolución en contra de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes habían denunciado supuestas irregularidades en la contratación del proyecto hidroeléctrico Manduriacu.