Sectores afines al gobierno de Luis Arce se organizaron para el «desbloqueo». Hubo enfrentamientos.
La segunda jornada de la huelga ciudadana de 48 horas en Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, se desarrolló este martes en medio de tensiones y sin visos de un diálogo entre el Gobierno y los manifestantes que exigen que el censo de población se realice el próximo año.
Varios grupos articulados alrededor del Comité Cívico Pro Santa Cruz salieron nuevamente a cortar la circulación de vehículos en diferentes puntos de la ciudad utilizando banderas, escombros o cuanto objeto resultó útil para impedir el tránsito.
Por el contrario, algunos sectores afines al Gobierno del presidente Luis Arce se organizaron para el «desbloqueo» de calles y para ello hicieron uso de maquinaria pesada, aunque en ese intento hubo fricciones con quienes insistían en mantener la medida de presión.
Como pasó en la primera jornada, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, salió a las calles y lideró el despeje de vías junto a varios de sus seguidores, pero se encontró con la resistencia de un grupo de vecinos que lo hicieron evacuar de uno de los sitios en los que estuvo.
En una declaración a los medios locales, el ministro acusó al gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho, de ser el «autor intelectual» y de organizar grupos para generar disturbios o provocar agresiones contra quienes querían realizar sus actividades con normalidad.
El fondo es el censo para uso político
Los manifestantes piden la realización del censo a más tardar en 2023 y no en 2024 como ha sido definido. La consulta que debió efectuarse el próximo 16 de noviembre fue aplazada por el Gobierno para mayo o junio de 2024 bajo el argumento de la pandemia y algunas dificultades logísticas como el diseño de la boleta y las cartografías regionales, entre otras.
Sin embargo, los líderes regionales de Santa Cruz ven un «interés político» en esa postergación ya que, al conocerse los datos de la consulta en 2025, año de comicios nacionales, la realización de un nuevo pacto fiscal y la distribución de representación política en el Parlamento quedaría aplazada y en manos de un nuevo Gobierno.
El Ejecutivo justificó su decisión de aplazar el censo en un «consenso» que emergió en reuniones con los gobernadores del país, excepto Camacho, algunos alcaldes y rectores de las universidades públicas con la finalidad de «despolitizar» el proceso censal.
El momento más crítico de estas dos jornadas se presentó la noche del lunes cuando chocaron grupos a favor y en contra de la huelga en el populoso barrio Plan 3.000, bastión del oficialismo en Santa Cruz, donde ambos bandos activaron petardos dirigidos a sus contrarios mientras la Policía buscó frenarlos con gases lacrimógenos. (EFE)