El procedimiento permitiría actuar sin necesidad de una acción penal, pese a que los bienes estén en el exterior.
Redacción BABAHOYO
Los escándalos de corrupción que han venido saliendo a la luz pública, sobre todo durante esta emergencia sanitaria, han motivado a que desde la Asamblea Nacional surja una propuesta que permita recuperar para el Estado, todos los bienes que han sido adquiridos mediante actos de corrupción.
Se trata del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que es impulsado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el cual lleva varios meses tramitándose en el órgano legislador.
Para el asambleísta Ramón Terán, quien es además vicepresidente de la referida Comisión, este Proyecto de Ley es importantísimo por cuanto permite la incautación directa de la propiedad o cualquiera que fuere bien obtenido de manera irregular; sin que se afecte el estado de inocencia de la persona que es materia de acción penal.
Postura que
Y es que, para el Legislador babahoyense, los escándalos de corrupción registrados en el país, han dejado mucho que decir, sobre todo cuando la justicia no castiga de forma severa a los responsables.
Agrega que la flexibilidad de las leyes permite que los corruptos sean juzgados con penas mininas y, en la mayoría de los casos, no se recupera lo sustraído.
“De aprobarse esta Ley, siempre va a estar en el ámbito civil. No espera que la persona involucrada en actos de corrupción, lavados de activos o narcotráfico, sea sentenciada, sino que inmediatamente sus propiedades serán incautadas hasta determinar su procedencia”, explicó Terán.
Detalles
Asimismo, aclaró que la propuesta de ley respeta a los terceros de buena fe, es decir, aquellas personas que legalmente adquirieron un bien sin saber cómo fue constituido.
“Este será el medio más eficaz para combatir la corrupción, pues los bienes pueden ser alcanzados así se encuentren el en extranjero. El análisis y la elaboración de este proyecto se retomó en enero de 2020, contando incluso con el asesoramiento de la exfiscal general de Colombia, Dra. Sara Salazar, quien creó este proyecto de ley en su país y que ha dado buenos resultados”, añadió.
Finalmente, el Legislador informó que el proyecto ya fue entregado al Consejo de Administración Legislativa (CAL), y espera que, para el primer debate, que será en los próximos días, el resto de asambleístas también se pronuncien a favor de su aprobación. (NDA)
Asambleísta por Los Ríos
Ramón Terán, fue cuestionado la semana pasada luego de conocerse que era parte de los funcionarios que cuentan con carné de discapacidad en el país.
Para aclarar el tema dijo que el presenta el 50% de discapacidad según la certificación de la entidad emisora. Justificó que ese porcentaje corresponde a las cinco operaciones realizadas en sus rodillas: tres en la izquierda y dos en la derecha, desde el 2001.
La última cirugía fue en agosto del 2019, en el hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, donde le colocaron una prótesis en la rodilla izquierda. Por ello, el Legislador aclara que obtuvo el carnet luego de los diferentes diagnósticos médicos, en septiembre de 2019. Sin embargo, deja en claro que el uso de este documento no ha sido usado en la adquisición de vehículos ni mucho menos con descuentos en el pago de servicios básicos.
Agrega que el trámite para el carnet lo empezó a tramitar en mayo de 2019, y la certificación se la otorgaron en noviembre de ese mismo año, lo cual resulta ágil en comparación para algunas personas que por años llevan tratando de obtener dicho carnet.
“No estoy violando ninguna ley, no he realizado ningún trámite, más que solo acudir al Registro Civil para renovar mi cédula y que salga con la certificación de discapacidad”, subrayó el Legislador.