Ejecutivo y Legislativo mantienen pugna sobre el alza salarial a maestros

El Pleno insistió en el alza salarial del Magisterio el pasado 13 de marzo.

El Legislativo no acepta el veto total del Ejecutivo a las reformas a Ley de Educación y remitió una nueva consulta sobre el tema a la Corte Constitucional.

La Asamblea Nacional comunicó este sábado 23 de abril de 2022 que ha decidido solicitar a la Corte Constitucional (CC) un dictamen sobre el veto total del presidente Guillermo Lasso al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

La propuesta incluye la equiparación salarial del Magisterio con el resto de servidores públicos, lo que equivale a un aumento salarial a los maestros que, según cálculos del Ejecutivo, equivalen a $500 millones al año.

El Pleno de la Asamblea aprobó el texto y fue remitido al Presidente, quien lo vetó completamente bajo el argumento de la inconstitucionalidad. El meollo del asunto es, sin embargo, el alza salarial.

La propuesta de reforma a la LOEI tiene un largo camino. Fue aprobada, inicialmente, por la anterior Asamblea. Fue rechazada por el gobierno de Lenín Moreno, que ya hizo una consulta a la Corte Constitucional sobre el tema. Y ese organismo devolvió la propuesta a la legislatura para que incluyera las fuentes de financiamiento del alza de salarios a los maestros.

La actual Asamblea insistió en el texto y colocó como fuente de los recursos los actuales ingresos extra del petróleo y el dinero adicional que recibe el Gobierno por la reforma tributaria. En su veto, sin embargo, el Ejecutivo recuerda que no se pueden financiar gastos permanentes con ingresos excepcionales, como son los descritos. Además, pidió a la Corte que no insista para que la Asamblea ofrezca alternativas de financiamiento a fin de entrar en un círculo vicioso.

En el comunicado de este sábado, la Asamblea aclara que está dentro de los plazos establecidos para solicitar el fallo de la CC y asegura que el tratamiento de la Ley estuvo apegada a la Constitución como a la Ley de la Función Legislativa.

La Corte tendrá 30 días para pronunciarse. (GVL)