De los fotorradares; existen causales necesarias para que el Gobierno Autónomo Municipal de Esmeraldas, tome la decisión de terminar con este lesivo contrato para los intereses de los ciudadanos. Todos los servicios y contratos que hace la Municipalidad, tiene como finalidad el bienestar para las personas que viven en ella; sin embargo dado los resultados del primer año de funcionamiento de estos aparatos, hay quejas de todos, e incluso de los mismos concejales que aprobaron la firma de este contrato generador de carga de multas y sanciones económicas insospechadas, en contra de los esmeraldeños.
Ya se ha dicho que el control de velocidad de los vehículos a motor, en todas las ciudades del mundo se lo hace técnicamente para regular la velocidad de los vehículos, y seguridad de ciudadanos, especialmente en lugares donde hay estudiantes, centros de cuidadanos de adultos mayores, centros comerciales, o lugares de concurrencia diaria; pero en ningún caso estos aparatos tecnológicos son medios para enriquecer a corporaciones o funcionarios inescrupulosos, que aprovechando su cargo, utilizan estos medios para procurarse miles y millones de dólares por concepto de multas a los profesionales del volante o conductores inocentes.
Es por esa razón que en New York, París, Atenas, Río de Janeiro, Buenos Aires, etc., estos fotorradares de manera excepcional son utilizados en lugares cercanos a las escuelas, zonas de circulación peatonal multitudinaria, pero jamás se las encuentra en las vías nacionales o carreteras, freeway o autopistas; a quien se le puede ocurrir que pongan fotorradares en la carretera de los puentes en Esmeraldas, cuando justamente estos han sido hechos para descongestionar la ciudad, que los vehículos puedan llegar rápido al puerto marítimo, o puedan salir de la ciudad sin utilizar los semáforos.
Las otras causales en las que ha incurrido esta empresa, es el no haber cumplido con la inversión de cinco millones de dólares en tecnología visual, información educativa, la falta de presentar los informes de recaudaciones realizadas; todas estas causales permiten de acuerdo al código civil, dar por terminado el contrato que lesiona los intereses económicos de los ciudadanos.