El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de publicar el último boletín de estadísticas fiscales que, en el caso del Presupuesto General del Estado (PGE), tiene información hasta julio de este año.
Según ese boletín, en los primeros siete meses de 2023 el PGE acumuló un déficit de $2.118 millones, lo que implica un deterioro de más de $2.500 millones frente al mismo período de 2022, cuando el PGE registró un superávit de $405 millones.
Ese deterioro se explica en gran medida por el desplome de los ingresos petroleros. Entre enero y julio del año pasado los ingresos del PGE por exportación de petróleo sumaron $2.259 millones, mientras que en los mismos meses de este año esos ingresos se ubicaron en $981 millones, es decir, cayeron a menos de la mitad.
Como hemos mencionado en columnas anteriores, ese desplome en los ingresos petroleros se debe a la caída en el precio internacional del crudo (el precio del WTI, que es el petróleo referencial para determinar el precio del crudo ecuatoriano, pasó de un valor promedio por barril de $101 entre enero y julio de 2022 a $75 en los mismos meses de este año), al mayor castigo al precio del petróleo ecuatoriano (presumiblemente por una mayor oferta de crudos similares en el mercado internacional) y a un menor volumen de producción local (lo que se agravará sensiblemente cuando se paralice la explotación en el ITT).
Los ingresos tributarios también caen, pero en menor medida: de $9.175 millones en los primeros siete meses de 2022 a $8.945 millones en el mismo período de este año. Esa reducción se debe sobre todo a la caída de $596 a $280 millones en los “impuestos de emergencia”, donde se contabilizan los impuestos temporales al patrimonio que se establecieron en la reforma tributaria de 2021, y a una reducción en los “otros impuestos” (de $863 a $729 millones), cuyo principal componente es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
En ambos casos habrá una nueva caída en 2024: primero, porque ese año las empresas ya no pagarán el impuesto al patrimonio y, segundo, porque al cierre de este año la tasa del ISD bajará del 3,5% actual al 2%.
La última reforma tributaria, que redujo el Impuesto a la Renta a las personas de mayores ingresos (menos del 4% de la PEA), también implica
un menor ingreso de recursos a la caja fiscal. Por el lado del gasto, se registra un incremento en los principales componentes del gasto corriente: sueldos (de $4.956 millones en los primeros siete meses de 2022 a $5.324 millones en igual período de este año; por el incremento del sueldo a los profesores avalado por la Corte Constitucional y por la incorporación de más policías), intereses (de $1.373 a $1.873 millones) y transferencias (de $2.743 a $2.974 millones).
El gasto no permanente también aumenta, en alguna medida por una mayor inversión en activos no financieros (aunque se mantiene en niveles muy bajos), pero también por mayores transferencias, aunque es esperable que, dada la caída en los ingresos, esas transferencias también se reduzcan.
Las cifras hablan solas
Acaso desconociendo las cifras del propio MEF, el ministro Arosemena insiste, incluso en entrevistas dadas esta misma semana, en que al finalizar el año el déficit será de 2% del PIB. En realidad, los $2.118 millones acumulados hasta julio prácticamente alcanzan ese nivel (equivalen al 1,8% del PIB). A lo que hay que sumar que, históricamente, la mayor parte del déficit de un año se genera en los últimos meses. De hecho, en 2022, pese a que hasta julio el PGE acumuló el mencionado superávit de $405 millones, el resultado del año completo fue un déficit de $1.873 millones. Es decir, entre agosto y diciembre el resultado fue deficitario en casi $2.300 millones. Del mismo modo, en los últimos cinco meses de 2019, 2020 y 2021, el PGE acumuló déficits de $4.000 millones, $3.600 millones y $2.900 millones, respectivamente. Tomando en cuenta eso, así como el déficit promedio que el PGE ha registrado en los últimos tres meses de este año (en torno a $600 millones cada mes), lo más probable es que al cierre de 2023 el déficit se acerque a los $5.000 millones, es decir, ronde el 4% del PIB, el doble de la cifra que maneja el ministro Arosemena. Por responsabilidad con el país, las autoridades deben reconocer la verdadera situación de las cuentas públicas. Mucho más cuando estamos próximos a la segunda vuelta electoral y se escuchan ofertas que dan a entender que habría dinero para seguir elevando el gasto.