Una ley que amenaza a la democracia

Ante los vertiginosos cambios que ocurren tanto a nivel global como nacional, la democracia ecuatoriana y su clase política necesitan, como pocas veces en su historia, prensa profesional, independiente y diversa. El país se encuentra atomizado y dividido, bajo el imperio de caudillos que tiran en direcciones opuestas, en medio de un reacomodo geopolítico internacional cuyos efectos se sienten también dentro de nuestras fronteras, y ante una macabra expansión del crimen organizado transnacional.

En un contexto tan caótico, se requiere de una prensa sostenible que provea a los ciudadanos de información independiente de los poderes económicos, políticos y criminales, para tomar decisiones. Sin esta, se esboza un escenario peligroso, con la población a merced de información manipulada, activistas inescrupulosos y mercenarios de la comunicación al servicio de amos de diversa procedencia.

En su momento, el correísmo, ebrio de poder total, intentó acallar las voces críticas. Para silenciar a aquel sector de la prensa que no se había doblegado ante sus dádivas y amenazas, ideó una Ley de Comunicación que permitía hacer del trabajo de los periodistas casi un infierno y asfixiar económicamente a los medios. Ahora, que por el momento no opera un poder político hegemónico en el país, es el momento de derogar esos mecanismos de presión económica y censura que, mientras sigan a la disposición del poder, serán una amenaza latente para la democracia. Cualquier regulación debe apuntar a reforzar el modelo económico que permite no solo la sobrevivencia de los medios de comunicación, sino su crecimiento e innovación, y a facilitar el trabajo periodístico profesional, no a blindar las comodidades de la clase política y de sus funcionarios de turno.