La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 generó un deterioro en la economía de los sectores relacionados a la transportación, sin embargo, el fin de todas las restricciones permitió que durante el 2022 este sector se dinamice y empiece, al igual que el resto de sectores, un proceso de recuperación.
Recientemente el gremio de buseros presentó un estudio que recomendaba un incremento del 93% del costo del pasaje urbano en Ambato. Es decir, la tarifa propuesta ascendería a 58 centavos, lo que representaría un grave atentado a la economía de las miles de familias que utilizan el transporte público para movilizarse cada día.
En Quito, por ejemplo, el incremento del costo del pasaje urbano está sujeto al cumplimiento de varios indicadores relacionados a la calidad del servicio. Algunas de las operadoras que solicitaron el aumento no cumplieron con los mínimos establecidos, por tanto, la tarifa aún se mantiene congelada.
En Ambato se argumenta que la nueva tarifa está sustentada en un estudio desarrollado bajo parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la ANT. ¿Quiénes participaron en su elaboración? ¿Los ciudadanos fueron tomados en cuenta? ¿Quiénes financiaron la investigación?
Es de conocimiento público que, por la calidad del servicio y el estado de los automotores, la tarifa no amerita incremento alguno. Para entender, basta con citar el estado de una parte del parque automotriz de la cooperativa Libertadores, algunas de sus unidades son vehículos ruidosos, incómodos e inseguros.
La ciudadanía está consciente que las cooperativas incumplen con los recorridos establecidos, irrespetan con frecuencia las paradas, algunos buseros no embarcan a estudiantes o a adultos mayores u otros conductores y controladores son irrespetuosos con los usuarios.
Todos los sectores afectados por la pandemia jamás incrementaron el precio de sus productos o servicios de una forma desproporcionada e irresponsable como pretenden los buseros. Por otro lado, el sector de la transportación olvida que siempre fueron los consentidos de los gobiernos de turno: beneficiarios de millonarios subsidios y compensaciones económicas para mantener un servicio que poco ha mejorado en los últimos años.