Carlos Arellano
En el vasto ámbito de las redes sociales, se propagan a diario las publicaciones que ensalzan al gobierno actual, enalteciendo su popularidad como si fuera ya la encarnación de un éxito irrefutable. Sin embargo, es un éxito aún por realizarse, una promesa en el horizonte que, por ahora, solo se manifiesta en el fervor de sus seguidores virtuales.
En este trasfondo, se desenvuelve una campaña que se distingue por su silencio y su confusión, dejando un conjunto de interrogantes cuyas respuestas se aguardan para el próximo 21 de abril. Al parecer, la consulta popular es parte del ‘Plan Fénix’, plan que ha emergido de manera improvisada con la pretensión de erradicar la violencia y el crimen organizado del territorio nacional.
Quizás en los rincones de la serranía ecuatoriana, donde los embates de la criminalidad no han sido tan notorios como en la costa, se percibe una escasa disminución en la incidencia delictiva. Sin embargo, la extorsión a través de las temidas ‘vacunas’, los asaltos e incluso los crímenes son parte cotidiana de la vida de los ciudadanos. A medida que la declaratoria del estado de excepción se acerca a su fin, dejando apenas un escaso cambio en la realidad, solo queda la esperanza de que el gobierno de Noboa y sus ministros cumplan con su deber de proporcionar seguridad.
La victoria del gobierno en la consulta popular no garantiza la restauración de la paz que durante décadas caracterizó al país. El triunfo del sí en la consulta podría variar significativamente si los violentos sucesos que sacuden al país no se detienen; así como, la desafortunada imagen del presidente disfrutando de sus días de ocio en la playa mientras la violencia criminal golpea al litoral ecuatoriano, hechos que incomodan a un pueblo que exige resultados más allá de meros discursos.
Luego de los escasos resultados del Plan Fénix se revela la verdadera intención del gobierno detrás de la declaratoria de conflicto interno: aumentar la recaudación de impuestos a fin de sostener el oneroso presupuesto. Es innegable que el país necesita de recursos para financiar sus elevados gastos, pero el gobierno optó por la vía menos idónea, justificándolo en un conflicto. Sin estado de excepción y con una consulta que apenas contribuye a abordar los problemas de inseguridad, ¿cuál será el destino del país?