Pablo Javier Villavicencio García
Hace unos días, un distinguido cliente acudió a mi oficina en busca de asesoramiento legal con relación a una investigación en curso en la Fiscalía. Inicialmente, supuse que él era objeto de la investigación, pero pronto se hizo evidente que su visita se debía a la preocupante desaparición de su hija a manos de secuestradores.
El cliente explicó que había presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero que ahora deseaba retirarla con el fin de evitar posibles represalias por parte de las peligrosas bandas delictivas que operan en nuestra provincia. De hecho, estas mismas bandas habían enviado un escalofriante mensaje a la madre, en el que le advertían que, si seguía adelante con la denuncia, su hija sería asesinada. Además, afirmaron tener contactos dentro de la Policía, lo que añadió un elemento de amenaza y presión adicional.
Mientras consideraba las opciones disponibles para proteger los derechos de mi cliente y su familia, no pude evitar reflexionar sobre la triste realidad que enfrentamos en nuestro país. A pesar de contar con un sistema judicial que debería garantizar nuestra seguridad y protección, las circunstancias actuales nos obligan a considerar estrategias de supervivencia más que de justicia. Es comprensible que muchas personas decidan callar y no denunciar por temor a las represalias, lo que plantea la preocupante cuestión de si una simple amenaza es suficiente para quebrar todo el sistema legal que debería protegernos.
La balanza de la justicia pende peligrosamente hacia la incertidumbre y el miedo en nuestra sociedad. Sin embargo, es difícil no preguntarse: ¿cuántas personas más se verán obligadas a renunciar a la justicia por temor a represalias? ¿Cuántas historias de dolor y tragedia quedarán sin denunciar debido a la amenaza constante de la violencia y la impunidad? Esta realidad es aterradora, pero no podemos permitirnos el lujo de ignorarla.