Álvaro Peña Flores
La credibilidad de la Asamblea Nacional sigue en picada, hasta mayo de este año según la encuestadora “Click Report”, en sus mediciones de ese mes, la ubicaba con un 11% de credibilidad. Los encuestados detestan la gestión que la Asamblea está realizando. Primero, una imagen desastrosa: prebendas y prerrogativas para sus dirigentes, casos de corrupción entre sus miembros, gestión de cargos públicos, y discursos demagogos y contradictorios a lo que manda la ley sobre su gestión. Segundo, incompetencia en sus funciones: desde que se instaló la Asamblea, las leyes que el ejecutivo ha enviado para su votación, la mayoría han sido rechazadas, con votos en contra, con vergonzosas abstenciones e inclusive con arrogación de funciones que van en contra de la ley, el último caso es el de la posesión del nuevo Superintendente de Bancos que, pese a la orden judicial que no permitía su posesión como tal, lo hicieron descaradamente. Y tercero, antagonismo con el ejecutivo. Los diálogos y la revancha política del ejecutivo con la Asamblea, no permite la comunión entre estos, dados los intereses particulares de las otras fuerzas políticas.
Se anhela que el trabajo de la Asamblea Nacional sea acorde con lo que ofrecieron en su propuesta de campaña. La coyuntura quizá no es la más óptima, la crisis generalizada menos aún; sin embargo, la delincuencia, el sicariato y el terrorismo en el país nos está ganando la batalla y eso sí es de atención urgente. La libertad de expresión y la seguridad social está en peligro total. Desarticular las bandas delincuenciales es una labor titánica que tienen el ejecutivo, el legislativo y mayor aun la función judicial. Sabemos que es una utopía porque las bases del crimen y la delincuencia organizada radican en estas funciones.