Brenda Valdivieso Vélez
El pasado 30 de junio del 2022, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor del derecho que tienen niñas y adolescentes con embarazos forzados, producto de ser víctimas de violación sexual a decidir con respecto a la continuación o interrupción de sus embarazos, puesto que podrán decidir acceder a abortar sin autorización de terceras personas.
Esta decisión se toma luego de que nueve madres de niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual, presentaron una demanda de inconstitucionalidad con respecto a ciertos artículos de la Ley Orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de violación.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo en un 80% de los casos las víctimas mujeres. Los datos sobre los responsables de la violencia sexual muestran que esta ocurre principalmente en el ámbito familiar, educativo y cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian. Una de las consecuencias previsibles de la violación es el embarazo forzado es decir, donde se considera riesgoso para la salud de la madre, su vida y su integridad.
Un embarazo producto de violación implica una doble vulneración a los derechos de las niñas y adolescentes mujeres, que tiene un impacto permanente en su salud y plan de vida. No obstante, es una realidad ante la cual existen muy pocas respuestas efectivas. Por lo tanto, la decisión adoptada se configura como un avance con respecto a la restitución de derechos de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en el Ecuador, quienes ahora tienen una voz propia que les permitirá tomar decisiones personales.