Desde sus inicios, la Asamblea Nacional del Ecuador ha registrado niveles bajos de credibilidad y aceptación. Por dicha institución desfilaron cantantes, deportistas, desconocidos hasta iletrados, quienes ocuparon un curul gracias a la organización política que los apadrinó.
La primera función del Estado representa la inmoralidad, la bajeza, el chantaje y la mediocridad. Es un experimento de representatividad caduco y obsceno. La escasa producción de leyes, las intentonas golpistas, los posibles vínculos con el crimen organizado y la compra de votos son algunas de las motivaciones que incitan al desprecio que tiene la mayoría de los ecuatorianos por los legisladores.
La remuneración mensual de un asambleísta es de $4,759.00. Durante un año, un legislador ha percibido aproximadamente 57 mil dólares. Los representantes por Tungurahua, Cristian Yucailla (Pachakutik), Ramiro Frías (Izquierda Democrática), Rosa Mayorga (UNES) y Esteban Torres (PSC y Tiempo de Cambio) perciben en conjunto un sueldo mensual de $19.036,00. Es decir, durante cuatro años la provincia entregará a sus representantes -siempre que se mantengan en funciones- una remuneración total estimada de $913.728,00. La cifra no incluye otros beneficios de Ley ni las remuneraciones de sus asesores.
Para cualquier ciudadano las cifras indicadas representan un gasto oneroso, por tanto, es necesario preguntar qué logros alcanzaron los legisladores. Yucailla, ninguno. Mayorga, ninguno. Frías, ninguno. Torres, ninguno. Entonces, ¿merecen estar en la Asamblea?
Pero, durante los 21 meses en funciones, la mayoría de estos conspiraron –en reiteradas ocasiones- para tomar por asalto las otras funciones del Estado.
La pregunta 3 del referéndum 2023 -a través de un nuevo mecanismo- propone reducir el número de asambleístas. Aunque la disminución del número de legisladores representaría un insignificante ahorro para el erario, obligaría a las organizaciones políticas a replantear sus directrices de elección interna para seleccionar a los mejores aspirantes. Si bien el ahorro es mínimo, la oportunidad de contar con una reestructurada Asamblea Nacional representa la oportunidad de mejorar la calidad de quienes están obligados a legislar y fiscalizar.