Desde 2007 la UNESCO cuenta con estudios sobre la violencia armada en las aulas, en dicho análisis elaborado por Brendan O´Malley se explica el incremento estrepitoso del uso de armas en contra de estudiantes, maestros y personal, desde el kínder a las universidades.
René Pedroza Flores de la UAEM de México, explica que la violencia armada confronta al debilitamiento del Estado y la grave exposición de las personas a ser blancos de ataques con alto riesgo de perder la vida. Por otro lado, Amnistía Internacional considera que el acceso fácil de manera legal o ilegal a armas de fuego también es un motivo que incrementa la violencia y expone a las mujeres en mayor grado al riesgo de violencia armada por parte de sus parejas.
De 2009 a 2016 Estados Unidos según Amnistía Internacional tuvo 156 tiroteos masivos con armas de fuego, desvinculando a los espacios públicos como seguros como cines, escuelas, iglesias, salas de concierto y entre el 2013 y el 2018 se registraron 316 incidentes con armas de fuego en escuelas norteamericanas con incontables víctimas y dolorosas heridas sociales en la comunidad.
Las decisiones del gobierno de reducir impuestos a las armas, expedir un decreto que le da al ciudadano de a pie la posibilidad de acceso y porte de armas, genera el cuestionamiento social del horizonte real de la política pública y el rechazo de las universidades del país que “invitan” a revisar estas decisiones. La política pública debe incidir en el desarme a los delincuentes, a la promoción de espacios seguros y a asumir el rol del Estado de garantizarnos seguridad antes que indirectamente promover que el ciudadano pueda hacer justicia por mano propia sin detenerse a mirar las consecuencias.
Por otro lado, no se dice nada sobre la salud mental y emocional de las personas, del clima de temor y del avance de la delincuencia armada a todo nivel; más valdría escuchar atentamente al pronunciamiento de las Universidades que reflejan una grave preocupación que debe ser más que escuchada.