En todo estado de derecho, el principio de presunción de inocencia es considerado un valor fundamental que debe estar presente en todo proceso penal. La idea detrás de este principio es que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso se encuentra garantizado en nuestra Constitución.
Este derecho se basa en la idea de que es mejor dejar en libertad a 100 culpables que condenar a un inocente. La carga de la prueba recae en el acusador y sólo puede declararse a alguien culpable luego de demostrarlo fehacientemente.
La presunción de inocencia no significa simplemente que uno es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. También implica el derecho a un juicio justo y equitativo, el derecho a la defensa y el derecho a que las pruebas presentadas en su contra sean legales, aceptables y pueda contradecirlas oportunamente en el proceso judicial.
El derecho a la inocencia es un valor fundamental en la justicia, ya que protege a los ciudadanos del poder del Estado y asegura que sólo aquellos que han cometido un crimen sean condenados. Sin él, cualquier persona podría ser acusada y condenada sin pruebas suficientes, sin oportunidad de defensa.
En una sociedad justa, la presunción de inocencia debe ser protegida y respetada. Esto significa que los tribunales deben estar siempre comprometidos con investigar a fondo y presentar pruebas claras antes de tomar una decisión.
También significa que los medios de comunicación deben ser cautelosos al presentar rumores e informaciones no verificadas, pues recordemos que el honra y buen nombre también es un derecho humano que debe ser garantizado y mientras no exista una sentencia condenatoria en contra, nadie puede ser tratado como un criminal.
En resumen, el derecho a la inocencia es un principio fundamental que debe ser respetado en todo proceso penal. Este derecho protege a las ciudadanas y ciudadanos del abuso de poder del estado y asegura que, cuando una persona es condenada, es debido a pruebas sólidas y la justicia se aplica de manera justa e imparcial, aplicando el derecho a la seguridad jurídica que es una garantía constitucional en nuestro país.