La seguridad ha muerto en el país, y desde hace mucho, estamos guardando un duelo permanente. Los muertos: gente honesta y trabajadora que representan los daños colaterales de una guerra entre la delincuencia organizada y el Estado, siendo este último, hasta ahora, el vencido.
Desde que el gobierno de Ronald Reagan, en 1981, decidió declarar la guerra a las drogas, las organizaciones criminales empezaron a fortalecerse para hacer frente a este proceso bélico. En este contexto, ningún Estado ha logrado ganar esta guerra, ni EE.UU., ni Colombia, ni México, y al paso que vamos, al parecer, tampoco lo hará el nuestro ya que los carteles, fortalecidos, cuentan con las armas, los soldados y los recursos, mientras que nuestro Estado y su gobierno, cuenta tan solo con inoperancia, negligencia y falta de liderazgo. Esto, sumado a que la clase política, en general, únicamente trata de jalar agua para su molino, haciendo lo impensable para satisfacer sus ambiciones personales, sin importar que el país sangra.
En este contexto, nace una pregunta que podría ser cuestionada y escandalosa: ¿es hora de fortalecer el debate sobre la venta controlada de ciertos tipos de drogas? Sí, causa remezón solamente pensar que las drogas se pudieran expender legalmente, pero, ¿no sería mejor que el Estado tenga el monopolio de la oferta, regulada y tasada, y no dejarlo en manos de las organizaciones criminales? Es conocido que una experiencia similar se vivió en EE.UU. con la prohibición de la venta de licor, el consecuente expendio clandestino desde las mafias, y la posterior legalización de consumo y control estatal que desapareció las ventas encubiertas, ergo, eliminó el negocio de las mafias.
El narcotráfico genera ganancias y beneficios millonarios no solamente para las organizaciones criminales, sino también para los funcionarios corruptos; mientras que los “costos humanos” son asumidos el “pueblo”. Talvez esta venta controlada no llegue a pasar; sin embargo, es una propuesta que va tomando fuerza en el debate social.