El Gobierno ha apostado en abrirse comercialmente bajo el eslogan ‘open for business’ y así atraer inversión extranjera principalmente en el ámbito financiero, minero, turismo, etc.
Los primeros esfuerzos se centran en la reciente gira presidencial en le marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dentro de la cual su Ministro de comercio exterior aprovechó para acomodar una agenda empresarial europea que exhiba las ventajas de invertir en Ecuador.
A este importante paso, se suma el proyecto de ley de desarrollo económico, dentro de la cual se plantea reducción de impuesto a la renta entre un 3% y 5%, por hasta 15 años, para nuevas inversiones. Sin restar importancia a lo ejecutado, existen aspectos claves de cara a nuevas inversiones, y son las condiciones precontractuales para impulsar nuevos proyectos y la seguridad jurídica para quienes traigan sus capitales al nuestro país.
En el primer caso, el Reglamento para Asociaciones Público Privadas -APP- aprobado por el gobierno anterior pocos meses antes de su salida, ha puesto un freno a todos los mecanismos de gestión delegada y APP, esto en razón de que sin un mínimo análisis ha incluido a todo mecanismo de gestión delegada en el marco de APPs lo cual resulta inviable y excesivamente burocrático.
Solo para realizar una breve distinción, las APPs buscan atraer inversiones de gran magnitud a largo plazo ofreciendo a los inversionistas exenciones tributarias; mientras que las delegaciones no reguladas por la Ley APP, no necesariamente cumplen tales condiciones, sin embargo, constituyen otra vía expedita para atraer inversión y agilitar los diversos servicios a cargo de los entes públicos.
En el caso de la seguridad jurídica, también se ha dado una muestra clara del gobierno con la aprobación del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, y con la ratificación de la Convención CIADI, impulsando de esta manera el arbitraje internacional en la solución de controversias relativas a futuras inversiones.
Pensar que en las condiciones actuales deficitarias del Estado, la inversión pública con incremento de deuda es lo único que nos queda para dinamizar la economía, sería repetir el error que estamos pagando caro, tal idea debe soportar un equilibrio sostenido de inversión pública – privada en la gestión de servicios y desarrollo de grandes proyectos, y tal situación demanda una urgente reforma al Decreto 1190, distinguiendo los tipos de delegación y sus procedimientos aplicables, caso contrario quedará exclusivamente en buenas gestiones.