Daniel Márquez Soares
Se cierne sobre el Gobierno del presidente Guillermo Lasso y sus simpatizantes un miedo comprensible: el haber asumido todo el costo político de ordenar las cuentas públicas solo para beneficiar aún más a un posible próximo régimen populista. Si eso sucede, quien venga después tendrá un déficit fiscal muy reducido, una deuda externa estructurada, dolarización fortalecida y amplias reservas; es decir, una patente de corso para caer en los mismos excesos de despilfarro y endeudamiento ante los que este Gobierno se mostró admirablemente continente. Lamentablemente, nuestra historia política reciente —con lo sucedido con la política económica y fiscal del expresidente Lucio Gutiérrez, y el estado en el que dejó las finanzas el régimen de Rafael Correa— demuestra que no es un escenario descabellado.
¿Qué se puede hacer para evitar semejante injusticia? ¿Cómo lograr que si la gente le niega el apoyo en las urnas al menos no le niegue el debido reconocimiento moral e histórico a este Gobierno? Se dice que el problema del régimen de Lasso es de ‘comunicación’, pero no es así: es un problema de ‘educación’ de las masas. Las bondades del populismo son fáciles de comprender; ningún ciudadano, por más ignorante que sea, necesita que le expliquen las ventajas de un uniforme gratuito, atención médica en su pueblo, acceso a alcantarillado o un bono en efectivo; pero reconocer el impacto inmensamente positivo de no tener una crisis de deuda externa, de tener un Gobierno capaz de pagar sueldos, una balanza comercial positiva o acceso a crédito sí requiere educación.
Este Gobierno ha cedido, despreciado o dejado morir justo aquellos espacios que le permitirían educar a la ciudadanía o al menos combatir en algo el adoctrinamiento acumulado por generaciones: medios públicos, un partido que haga trabajo político, contenido de la educación e, incluso, el arte y la cultura impulsada desde el Estado. Quizás deba empezar por ahí.