La “objeción de conciencia” afloró con fuerza ante la opinión pública local al referirse al tema del aborto. Tanto el presidente Guillermo Lasso como un notable grupo de asambleístas echaron mano a esta figura del derecho contemporáneo. Se dice en todas partes que la ampara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se ejerce cuando se lesionan nuestras convicciones más íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica.
El Diccionario de la Real Academia dice: “Negativa a someterse, por razones de conciencia, a un mandato jurídico que prescribe una conducta obligatoria y exigible, provenga el mandato de una norma legislativa, de un contrato, de una orden judicial o resolución administrativa”. No hay nada casual: ¿dónde queda la objeción cuando pasan por encima los derechos de los sectores sociales más desprotegidos?
Pero hay en nuestro caso algunos “sin embargo” al respecto. El primero de ellos tiene que ver con la corrupción en todas las funciones del Estado. ¿Acaso cuando se dice tener convicciones íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica, en ellas no se incluyen los delitos de corrupción? La corrupción atenta contra el derecho a la supervivencia de muchos de nuestros compatriotas.
La realidad, sin embargo, es tozuda. Basta con repasar nuestras estadísticas en pobreza extrema, mendicidad, muertes tempranas evitables en niños, embarazos precoces, desamparo de la ancianidad y falta de medicamentos en enfermedades terminales o crónicas.
Robarles el futuro a esos conciudadanos, ¿no afecta a la “objeción de conciencia” de quienes lucran del poder? Conocer la verdad no solo es necesario, sino, además, un imperativo moral. A algunos de los que manejan el poder, por delante o por detrás, les falta esa “conciencia” que dicen invocar. En estos asuntos no pocos “objetores de conciencia” suelen mirar para otro lado, siempre que la “barriga” de sus bolsillos está satisfecha.