Daniel Márquez Soares
No estamos viviendo un momento de paz ni de gobernabilidad. Tampoco estamos en una época de orden y estabilidad que se ve solo sacudida por las esporádicas turbulencias que requiere toda sociedad abierta para perfeccionarse. Apenas hemos vivido una tregua durante estos últimos meses, un momento de respiro en medio de la convulsión que se deriva de un sistema en descomposición.
Como país, seguimos dedicados a comprar tiempo y usar parches. Los gravísimos problemas económicos y políticos que precipitaron los sucesos de junio de 2022 —que son los mismos que estuvieron detrás de la fragilidad con la que enfrentamos la pandemia, de los hechos de octubre de 2019 o incluso de las medidas desesperadas del Gobierno de Lenín Moreno, como su giro o su consulta popular— siguen plenamente vigentes. Seguimos sumergidos en un régimen laboral, un esquema de dolarización y un diseño de Estado que nos mantienen atados de manos; el desempleo, el déficit fiscal, el nulo crecimiento económico y la penetración del dinero sucio siguen allí.
Una combinación de suerte y de jugarretas gubernamentales permitieron que la segunda mitad de 2022 transcurriera más ordenadamente. La válvula de escape de la migración, el préstamo del FMI, los altos precios del petróleo, la reforma tributaria con suerte, las inocuas mesas de diálogo y una drástica reducción de la inversión pública compraron tiempo, pero, ¿y ahora? No todos los ecuatorianos desafortunados pueden ni quieren irse, los préstamos no solo se agotan sino que hay que pagarlos, la producción petrolera ha descendido, las exigencias de la oposición siguen vigentes y tarde o temprano la falta de inversión pública conlleva también menos recaudación.
La historia ecuatoriana reciente muestra que las peores crisis suelen producirse entre finales de enero y mediados de febrero. Ya se acabó el Mundial, se acabó diciembre y luego de todo el veneno de la campaña que se viene, sería razonable esperar una reacción ciudadana. Además, nada indica que los radicales de la Conaie hayan cambiado su forma de pensar ni que el crimen organizado tenga menos armas, menos dinero o menos compradores del que tenía hace un par de meses.
Mientras no enfrentemos al verdadero problema —la Constitución de Montecristi— seguiremos apenas apagando incendios.