Miguel Ángel Crespo Íñiguez
Un giro al destino del país indudablemente genera expectativas: en algunos casos ilusiones y esperanzas frente a un país golpeado, en materia de salud, y en otros marca el inicio del develamiento, quizá, una serie de irregularidades que pudieron darse cita durante estos últimos periodos. Esta transición, en realidad nos debe invitar a todos los que somos parte de esta nación, sociedad civil y gobernantes, a buscar propuestas y soluciones para una crisis consumada que cada día complica más la salud de las y los ecuatorianos.
Es importante escuchar a los candidatos al comentar acerca de temas de salud, es decir juzgar su nivel de conocimiento, la aproximación que tienen, desde un análisis crítico. No solo basta conocer aspectos universales como el derecho a la salud, los principios básicos planteados por la OMS y la Constitución misma, en la que el Estado debe garantizar el acceso, la igualdad, la equidad y la gratuidad, pero escasos son los que tienen un enfoque de intervenciones urgente, a considerarse desde el primer día de su gestión.
COVID-19, a nivel mundial, dejó un daño sin precedentes no solo en salud sino en los ámbitos económico, social, cultural, entre otros. En países de primer mundo, según varios análisis realizados, les tomaría alrededor de 5 a 10 años recuperarse. Ecuador, país que no es del primer mundo, fue marcado por una de las mortalidades más altas envuelto en un sistema de salud debilitado y en medio de casos deshonrosos de corrupción y sobreprecios, durante los peores días de la salud del país.
Es muy difícil de creer que posterior a develar un sistema de salud ineficiente, gracias a la crisis de COVID-19, el Gobierno Nacional en lugar de rehabilitar la salud del pueblo y del personal de salud, desvinculó al personal de salud, no mejoró los niveles de atención y menos aún aseguró las necesidades de la población con respecto a la salud. Como resultado más de 100 niños fallecieron con cáncer durante el último año por falta de atención; pacientes con enfermedades raras y catastróficas, enfermos renales que reciben diálisis, suplican por atención medica todos los días; persiste el endeudamiento de los sistemas de salud, con la red complementaria, que impide dar cobertura de varias patología como por ejemplo en el área de traumatología donde se requieren prótesis, enfermedades cardio vasculares que necesitan avanzadas intervenciones, y así una lista interminable de necesidades que no son cubiertas por prestadores externos y peor por el propio sistema de salud al que corresponde.
Para este año 2023, lamentablemente mantenemos indicadores de subdesarrollo como la desnutrición crónica infantil, el embarazo en niñas y adolescentes, entre otros que muestran al Ecuador liderando lo que denota estar atravesando por una de las peores crisis de los últimos años.
Tenemos hospitales que no llegan ni al 30% de ejecución de presupuesto asignado, no se garantiza la entrega de la receta completa al solicitar a los familiares la compra de insumos, agendas de atención colapsadas que imposibilitan la oportuna atención por la falta de especialistas, ambulancias averiadas, con más del doble de su funcionalidad y sin capacidad para transportar pacientes.
Es por ello que al hablar de los compromisos de los candidatos no solamente se debe calar en lo más básico: el derecho a la salud. Debemos preguntar: ¿Cómo van a financiar las necesidades del Estado, en este caso salud? ¿Cómo garantizar que no existirán recortes de presupuesto? ¿Cómo van a garantizar atención médica oportuna y de calidad para todos y todas y al mismo tiempo? ¿Cómo van a resolver la brecha de talento humano a nivel nacional? Adicionalmente es necesario preguntar cómo apoyarán a las universidades para que puedan formar especialistas, considerando un vacío de 4 años sin hacerlo.
Las compras públicas cada día se vuelven más burocráticas, varios cargos administrativos aún siguen siendo ‘a dedo’ sin cumplir un perfil de conocimientos en gestión hospitalaria y como premio a las malas gestiones solo se cambia al gerente a otro hospital.
Por todo esto, el discurso trivial y simple, de que la salud es un derecho se debe convertir en una herramienta con la que los ciudadanos podamos analizar y decidir acerca de su factibilidad, trazabilidad y sostenibilidad dentro de presupuestos claros y reales que demuestren el cumplimiento de sus propuestas y plan de trabajo, que sea reflejado en políticas públicas que garanticen una salud de calidad e integral para los ecuatorianos.