Milica Pandzic
El pasado marzo se cumplieron cinco años del asesinato del equipo periodístico de El Comercio a manos de fuerzas disidentes de las FARC. Este hecho, que conmocionó al país, demostró el riesgo que en su momento vivía el periodismo local y la necesidad de tomar acciones para protegerlo a futuro. No obstante, poco se ha hecho desde entonces.
A medida que han ido incrementando los niveles de violencia en Ecuador, los periodistas también se han convertido en víctimas. Víctimas de la violencia misma, como los varios periodistas que han sido asesinados desde el año pasado; o amenazados en razón de su profesión, por reportar y tratar de encontrar respuestas sobre las causas y protagonistas de esta crisis de seguridad.
Estas amenazas son cada vez más comunes. Al menos dos periodistas ecuatorianos se vieron obligados a dejar el país al encontrarse amenazados de muerte, lo que debería ser motivo de alarma, especialmente para un Gobierno que ha reiterado que la protección de la libertad de expresión y de prensa es una de sus luchas emblemáticas. No se explica, sin embargo, como el mismo Gobierno que se escandalizaba por la Ley Mordaza hoy no diga ni haga nada frente a uno de los escenarios más violentos que ha vivido el periodismo ecuatoriano en su historia.
Para la ciudadanía en general, esto también ha sido motivo de indiferencia, desafortunadamente. La inseguridad a la que todos estamos sujetos nos encierra en nuestras propias preocupaciones, nos inmoviliza, y limita nuestra capacidad de entender el impacto de la violencia actual en ámbitos como la libertad de expresión, de prensa y en general, en el estado democrático del país. Es cierto que las preocupaciones sobran en nuestro país y en nuestras vidas, pero que eso no opaque la necesidad que existe hoy de levantar la voz por quienes se arriesgan a levantar la voz diariamente.