Pablo Granja
George Soros sobrevivió al exterminio de 500.000 judíos durante la ocupación nazi de Hungría; utilizando una identidad falsa migró a Londres y luego a Estados Unidos, convirtiéndose en multimillonario al fundar su propio fondo de inversiones. Su audacia y agresividad financiera lo llevó a ganar mil millones de libras esterlinas en un solo día. De su inmensa fortuna ha destinado $32.000 millones a la Open Society Foundation, creada por él con fines filantrópicos, pero también dedicada a promover cambios políticos progresistas; financiar iniciativas globalistas; apoyo abierto a campañas políticas y encubierto a movimientos que mueven el andamio de estructuras constitucionales y democráticas. Es acusado de planear la islamización de Europa, causar la crisis financiera asiática de 1997 y financiar las caravanas de centroamericanos que migran a los Estados Unidos. El Washington Post al referirse a él dice: “Algunos nombres invocan un alarido emocional de las masas hambrientas, y él es uno de ellos”. A las acusaciones él responde: “Cuando veo todos los enemigos que tengo por todo el mundo, debo estar haciendo algo bien”.
En España, fue bien acogido por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados del separatismo catalán. Y aunque ya no conste como accionista, una de sus inversiones minoritarias fue en la empresa mixta INDRA, entre septiembre y noviembre de 2019, dedicada a prestar servicios de consultoría en transporte, defensa, servicios financieros, energía; que habría adquirido a las empresas Smartmatic y Dominion Voting System, proveedora de tecnología para procesos electorales, y que según The New York Times, “fabrica máquinas tanto para las votaciones como para el recuento de los votos; y software que ayuda a los oficiales gubernamentales a organizar y seguir el recuento de los resultados electorales”.
Smartmatic es la empresa a la que los republicanos acusan de haber organizado el supuesto fraude electoral en el que Donald Trump perdió las elecciones ante Joe Biden. La acusación sostenida por el legendario abogado de Trump, Rudolph Giuliani, se basa en los vínculos de Soros con los demócratas, como el caso de Peter Neffenger que integró el equipo de transición de Biden, y es miembro de la junta directiva de Smartmatic; y de Mark Malloch-Brown, que siendo “chairman” de Smartmatic también era presidente de la Open Society Foundation. Las acusaciones de fraude fueron presentadas en algunos estados como Wisconsin, Michigan y Georgia. Los resultados de las auditorías al sistema son sorprendentes: un informe elaborado por el profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Michigan, J. Alex Halderman, fue mantenido encubierto por un juez nombrado por Obama; aunque finalmente demostró al tribunal estatal de Atlanta que podía piratear y cambiar los resultados de los votos de las máquinas utilizando un bolígrafo. Ante esta prueba, el secretario de Estado de Georgia ha anunciado que las reparaciones de seguridad se instalarían después de las elecciones presidenciales de este año. [Nota de la Redacción: En septiembre de 2021, el New York Times publicó la columna “No, las máquinas electorales de Dominion no borraron votos de Trump”; lea el original aquí.]
En febrero de 2014, Ecuador aplicó por primera vez el plan piloto de conteo de votos con las máquinas de Smartmatic, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El Consejo Nacional Electoral anunció “la rapidez y transparencia” con que se pudo contar con resultados. La credibilidad que alguna vez tuvo este organismo la fue perdiendo en elecciones posteriores como resultado de los apagones en medio del conteo de votos; o por ignorar las recomendaciones de los observadores de la OEA relacionadas con la vulnerabilidad del sistema ante los hackeos; o los pedidos de auditorías que también fueron ignorados; hasta llegar al rotundo fracaso de los últimos comicios legislativos del extranjero, que debieron ser repetidos utilizando las tradicionales papeletas impresas. A pesar de que Smartmatic resalta las 3.500 elecciones recogiendo y contabilizando votos de unos 3.700 millones de votantes a nivel mundial, ha sido demandada en varios países, incluido en el nuestro. Un grupo de ciudadanos comprometidos planteó una demanda ante el CNE que aún no tiene respuesta, mientras que los partidos políticos se muestran impávidos, resignados, beneficiados o cómplices. Así se va descubriendo “cómo le entra el agua al coco”.