María Alejandra Vélez*
BOGOTÁ – Cuando el primer gobierno de izquierda de Colombia llegó al poder en agosto de 2022, muchos esperaban que la estrategia antidrogas del país cambiara drásticamente. El presidente Gustavo Petro hizo campaña con la promesa de alejarse de la erradicación de la coca, el principal ingrediente de la cocaína, y en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, poco después de asumir el cargo, pidió a los países latinoamericanos que unieran fuerzas contra la «guerra irracional contra las drogas.»
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mundo está experimentando un prolongado aumento de la oferta y la demanda de cocaína, con unos 22 millones de consumidores en todo el planeta. Como mayor productor, Colombia tiene un papel clave que desempeñar en la configuración del futuro de esta floreciente industria ilícita.
Pero la nueva estrategia antidroga a diez años del país, lanzada a principios de octubre, es probablemente demasiado tímida para los defensores de la reforma. A pesar de pedir a Colombia que lidere un debate internacional sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, la estrategia sigue operando dentro del marco prohibicionista. Y lo que es más importante, no intenta regular el mercado de la cocaína, a pesar de que un programa piloto podría haber permitido al país experimentar con la legalización.
La estrategia se centra en reducir los cultivos de coca, aunque no mediante la erradicación forzosa ni la criminalización de los cultivadores. Por ejemplo, la nueva política no contempla la fumigación aérea con glifosato, una práctica que fue prohibida en 2015, pero que el expresidente Iván Duque Márquez intentó revivir en 2019. En su lugar, el Gobierno pretende crear un programa de desarrollo rural que implique la sustitución gradual de cultivos ligada al gasto público en las regiones cocaleras. Por el contrario, el programa de sustitución de cultivos del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en gran medida infructuoso, exige la erradicación inmediata.
Por el lado de la demanda, el Gobierno seguirá aplicando medidas de reducción de daños, con especial atención a los grupos vulnerables, como los reclusos. Sorprendentemente, hay un nuevo enfoque -quizás influido por la política de Estados Unidos- en la prevención y reducción de las consecuencias negativas asociadas al consumo ilícito de opiáceos, aunque no sea prevalente en el país. La adicción al crack, especialmente entre la población sin hogar, es más común, pero no se aborda explícitamente.
Dicho esto, la estrategia incluye elementos progresistas que abordan mejor las necesidades de las comunidades rurales más afectadas por el narcotráfico, reflejo del proceso de consulta inclusiva con cocaleros y cultivadores de cannabis, así como con ONG y académicos. Por ejemplo, respalda la legalización del consumo de cannabis por adultos. El diseño de un mercado regulado, sin embargo, requiere la aprobación del Congreso de Colombia.
Lo más significativo es que este nuevo enfoque promueve la legalización de los usos «no psicoactivos» de la hoja de coca, que las comunidades indígenas de la Amazonia y los Andes consideran sagrada desde hace mucho tiempo. Recientemente, el Ministerio de Justicia publicó un proyecto de ley para regular los usos médicos, científicos, industriales y de investigación de las semillas, los cultivos y las plantaciones de adormidera, cannabis y coca. El mercado de los usos alternativos de la coca está más asentado en Bolivia y Perú, debido a que sus poblaciones indígenas son mucho más numerosas. Pero esto no hace sino subrayar el potencial de perseguir la regulación en Colombia. Además, la hoja de coca podría ofrecer varios beneficios nutricionales, agrícolas y médicos, razón por la cual la nueva política también intenta eliminar las barreras para llevar a cabo investigaciones científicas sobre la planta. Además, dado que el 49% de las plantas de coca se encuentran en zonas estratégicas para la conservación, la nueva política podría contribuir a los objetivos medioambientales.
Pero aplicar estas reformas no será fácil. La nueva estrategia en materia de drogas carece de un plan de acción, un presupuesto claro y herramientas para supervisar y evaluar sus avances. Además, su éxito depende de la movilización de grandes recursos financieros y de la mejora de la coordinación entre los organismos públicos, dos factores que han supuesto importantes obstáculos en el pasado. Y al no haber compromisos vinculantes, la política podría revertirse si un partido de derechas accede al poder tras las próximas elecciones de 2026.
Para institucionalizar la estrategia y avanzar en sus objetivos, el gobierno de Petro necesitará asegurarse el apoyo de los legisladores nacionales, así como mantener sólidas relaciones con Estados Unidos y Europa. Afortunadamente, el nuevo enfoque holístico de Colombia coincide en gran medida con la estrategia antidroga de la administración Biden, por lo que es poco probable que avive las tensiones bilaterales, especialmente porque contiene medidas contra el blanqueo de dinero y otras herramientas punitivas para combatir el crimen organizado. Igualmente importante es que Colombia una a los países latinoamericanos para abordar los retos estructurales que alimentan el tráfico de cocaína en la región.
Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, podría servir de ejemplo para la reforma de la política antidroga mundial. El nuevo enfoque del país, más centrado en el desarrollo rural que en medidas punitivas, representa un paso adelante. Pero para tener un mayor impacto, el gobierno debe cumplir sus promesas, especialmente la de regular los mercados del cannabis y la hoja de coca. Esto requerirá determinación política y una dedicación inquebrantable a una reforma ambiciosa.
* Profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Los Andes en Bogotá.
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