El gobierno espera desplegar mil policías más en Guayaquil. Ya ha llegado la mitad al puerto. También envió, con carácter de urgente, un proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza y la colaboración en esta tarea de las fuerzas armadas. Lo normal es pensar que todo sea visto como la alternativa idónea en el tenso y cambiante contexto social en que vivimos, con índices de violencia, narcotráfico y pobreza disparados.
En un escenario de corrupción institucional y política, estas medidas bajarán la fiebre, pero no curarán la enfermedad. Parece que el régimen parece, con estas medidas, busca tomarse una pausa para conocer mejor a sus enemigos y aliados en el parlamento y, a un tiempo, diseñar con más destreza su proyecto político, atender a los datos, corregir errores e identificar las tendencias de fondo. En definitiva, buscar un equilibrio que le procure mejor gobernabilidad.
La educación y el empleo son derechos que marca la Constitución. La salud es otro de ellos, mas no solo del cuerpo, sino también de nuestra convivencia social y privada. Es un reclamo para pensar en el bien común. Son los nuestros tiempos de grandes confrontaciones y grandes incógnitas; entre ellos, la deuda china que, en medio de la pandemia, resulta asfixiante. El presidente Lasso procura aliviarla, pero es difícil reducir el significativo monto del petróleo que la avala.
Pero la economía ahonda el bache. Todo pasa por este “filtro” de tensiones. Hay que animarla y procurar más empleo digno. Y, echar mano a la solución que alguna vez nos dejara Don Vicente Rocafuerte para la solución de nuestros: “Educación, educación y más educación”. Pero integral, ciudadana, abarcadora y realista, a la altura de los retos que en el planeta tenemos.
Dice el refrán que “de lo dicho a lo hecho suele haber un trecho”. El régimen parece haber aprendido a nadar en este turbulento mar de nuestra realidad, pero el tiempo pasa rápido. Tal vez demasiado. La realidad, como de costumbre, es agridulce.