José Alvear
Triste escenario el de nuestro país, sin luces y en manos de autoridades negligentes que descuidaron una de nuestras garantías de trabajo y seguridad: la electricidad.
¿Cuál es la excusa del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, o del gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, para los ecuatorianos que han sido víctimas de los delincuentes conocidos como ‘vacunadores’, que se le llevan las ganancias de los negocios, y ahora también son perjudicados por la negligencia de los funcionarios públicos que, gracias a su mala gestión, los dejan sin electricidad? Cabe señalar que los racionamientos de luz generan pérdidas importantes para los emprendedores, ya que se les podrían dañar los productos que venden en refrigeradores: como la margarina, la leche o el yogurt.
Esta crisis apenas inicia. Ojalá la falta de electricidad por la negligencia del gobierno no provoque daños irreparables. En los hospitales, por ejemplo, las autoridades deben garantizar el suministro de energía para los pacientes. No se puede dejar morir a quienes ingresan de emergencia o requieran atención.
Es inaudito saber que el mismo gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, —quien el 7 de junio del 2021 en un noticiero nacional explicó que con una inversión de U$D 80 millones para el mantenimiento de las hidroeléctricas no tendríamos apagones— por su negligencia o posible corrupción (lo que es trabajo de los organismos de control determinar), sale con el cuento de que hay que gastar U$D 100 millones mensuales por 6 meses; es decir, U$D 600 millones para comprar energía a Colombia. De ahí surgen varias dudas: ¿por qué concretaron una compra directa de 54,4 MW en 32 motores generadores de electricidad a ‘fuel oil’? (altamente contaminante) y de tecnología de 2011 por U$D65 millones a través de una intermediaria y no directamente a la fábrica? ¿Por qué tienen la absurda idea de contratar barcazas turcas a ‘fuel oil’ ? Hay muchos cabos sueltos, por eso es fundamental que se investigue a profundidad el tema.
Es hora de que quienes asumen funciones públicas y cometen “errores” en perjuicio del país se responsabilicen.
En este contexto, la Contraloría General del Estado es el organismo llamado a supervisar el manejo efectivo de los recursos públicos y la Fiscalía debe cumplir su función, defendiendo al Estado de manera implacable contra malos funcionarios, indistintamente del rango o nivel jerárquico.
El país no da más. Los pillos lo están disecando de forma premeditada y llevándoselo en peso. Mientras tanto la mayoría de ciudadanos son víctimas de la inseguridad, la falta de ingresos y, ahora también, la falta de electricidad.
Un país sin electricidad o electricidad cara es un barco a la deriva y está condenado al subdesarrollo y la pobreza.
¡Menos Estado, más Libertad!