Alfonso Espín Mosquera
¡Qué terrible situación la que estamos viviendo en el país! ¡Qué fuerza ha cobrado la violencia e inseguridad, como para que se tenga que pensar en el calificativo de ‘terrorismo’ a los actos delincuenciales!
Terrorismo viene de ‘terror’ y terror es sinónimo de ‘pavor’, ‘pánico’, ‘horror’, ‘espanto’, ‘fobia’ y, todas las acepciones nos llevan al miedo intenso. Luego la sucesión de actos violentos que se ejecutan para infundir terror, son formas de pavor y miedo profundo que desestabilizan la vida común y corriente de una población, obligando a sus miembros a tomar medidas extremas y, en muchos casos, a encerrarse en sus propias viviendas para evitar agresiones y salvaguardar su vida e integridad.
A esto hemos llegado en el país. Los negocios de toda índole, las farmacias, almacenes, las viviendas, en fin, son espacios de prisión con barrotes de hierro y cadenas, donde sus dueños y dependientes son encarcelados por su propia voluntad en esa especie de búnker en el que se han ido convirtiendo los locales comerciales y residencias.
La autoridad que deba definir como ‘terrorismo’, o no, deberá ser proba y juiciosa. Quienes deban calificar los actos delincuenciales de ‘terroristas’, deberán tener la cautela para hacerlo con absoluta conciencia y responsabilidad, no vaya a ser que con este membrete se produzcan venganzas políticas, persecuciones, pues la figura de ‘terrorismo’ no ha sido utilizada en el medio, a no ser en el gobierno de Correa, que sirvió para perseguir perversamente a unos cuantos opositores.
Seguro aparecerán los detractores del régimen actual que se han servido de esta amarga y dolorosa verdad para desprestigiarlo; ahora estarán prestos a criticarlo como un gobierno que atenta contra los derechos humanos y así se cumplirá el adagio popular: “palo porque boga y palo porque no boga”, pero entonces, ¿qué mismo quieren?
Ciertamente los ciudadanos ya no soportamos el estado de sitio en el que nos han puesto los delincuentes, pero tampoco hay que olvidar la oscura, irresponsable y reprochable labor de algunos jueces que, ante actuaciones válidas de la Policía para capturar a malandrines muy peligrosos, han botado al tacho de basura el riesgo de los uniformados e inmediatamente y sin explicación han puesto en libertad a los delincuentes.
El Estado debe garantizarnos la paz y bienestar y, en esa medida, agotar todos los medios para combatir al hampa y aplicar los métodos necesarios por drásticos que sean, pero insisto, con la justicia y autenticidad, para que el remedio haga efecto y no sea peor que la enfermedad, porque, ahí sí, la paz no será ni una quimera.