Erick Iriarte Ahon*
El Índice de Chapultepec 2023, presentado durante la 79 asamblea de la SIP, muestra que la libertad de expresión (y de prensa) se sigue deteriorando en el Perú. Hemos descendido un nuevo puesto, siendo que desde el 2020 a la fecha hemos pasado del puesto 8 (de 22) al 12. Hemos además pasado de la franja ‘baja restricción’ a la de ‘con restricciones’. Un comentario rápido sería decir que no solo nosotros, sino que toda América Latina está enfrentando este embate contra la libertad de expresión, pero ciertamente que ello no nos debería consolar.
¿Qué ha ocurrido? El embate contra la libertad de expresión puede verse desde diferentes aristas que han ocurrido en los pasados años. Empezando por los diversos intentos de incrementar las sanciones (cuando no crearlas exprofesamente) al ejercicio de la libertad de prensa. La percepción del poder de turno es que la prensa mina su credibilidad mostrando los actos, hechos y situaciones que no quieren ser conocidas. Desde los casos de corrupción que se develan hasta los mecanismos de favorecimiento de familiares, allegados y cercanos. La prensa en efecto emerge como pilar para una democracia fortalecida, porque protege a la ciudadanía del Poder de Turno, brindándole información.
Pero es continua la utilización de instrumentos legales para buscar acallar las investigaciones por vías administrativas o judiciales. Desde malas utilizaciones de las acciones de habeas data a interpretaciones cuestionables a la ley de datos personales, hasta el impedimento de acceso a la información pública que fuerza a procesos ante el Tribunal de Transparencia, que las mismas entidades públicas lejos de aceptar inician acciones legales para impedir el libre acceso a la información.
Es también lamentable el ejercicio desde el poder —sea local, regional o nacional— de acciones no directamente legales, pero sí por influencia, que terminan afectando a diversos medios periodísticos sobre todo en el acceso a poder contratar con el Estado, con sanciones, que se pueden denominar antojadizas. A eso se suma que otros mecanismos de poder, en especial el económico, también sienten a la prensa como contraria, siendo que acciones contra la prensa se han ido mostrando. Aquí es que no se comprende, por parte de dicho poder económico, que la transparencia que ayuda a brindar la libertad de expresión, también es de relevancia para una economía sana y moderna, más en estos tiempos digitales.
Esta acción desde el poder cala en la ciudadanía que cambian su foco de cercanía con el ejercicio de la libertad de expresión desde verles como elemento de democracia hacia verles como aquellos que están en contra de algo (dependiendo el cristal este algo toma diferentes formas). De esta manera acciones de amedrentamiento, agresión, violencia física y en redes, hacia la prensa, los periodistas y también para aquellos que expresan sus ideas en medios digitales, sean o no periodistas.
Pero, ¿por qué la libertad de expresión es tan relevante para nuestra democracia? Porque es un derecho humano fundamental para expresar nuestras ideas, porque nos permite conocer las ideas de otros, porque nos permite ayudar a fortalecer el ejercicio de otros derechos. La libertad de expresión es un elemento sustancial que ha encontrado en los tiempos digitales el poder ser ejercido por todos los ciudadanos, siendo con ello la obligación de la prensa aún mayor de convertirse en curadores de información, en ayudar a la toma de decisión social y en la transparencia pública.
Finalmente hay también una responsabilidad clave por parte del Consejo de la Prensa Peruana: tomar lo expresado por la SIP, analizarlo, interiorizarlo y convertirlo en instrumentos para seguir fortaleciendo la libertad de expresión y de prensa, con la diversidad de posiciones que permite precisamente dicha libertad de expresión. Su misión es convertirse en una luz en esta oscuridad que se cierne sobre toda la sociedad peruana.
“Abogado y activista en defensa de la libertad de expresión.”*
X: @coyotegris