Alejandro Querejeta Barceló
La magnitud de la crisis que sufre Ecuador es muchísimo mayor que la capacidad del Estado para resolverlos. La violencia y la coerción criminal han convertido al país en un frente bélico. En efecto, el asesinato a la luz del día de un alcalde y el creciente número de cadáveres dentro de las cárceles de Ecuador indican que la crisis de seguridad se acentúa a diario. Las fuerzas represivas, de las que dependen en parte la estabilidad y solvencia estatal, se ven diezmadas a diario.
En las regiones costeras los asesinatos de civiles, atentados con bombas y todo tipo de acciones terroristas se han multiplicado. La semana pasada, sin embargo, en Manabí, Los Ríos y Durán se realizaron 575 operativos de control. Su costo, muy alto: 237 policías han sido objeto de agresiones, 170 tentativas de homicidios, 48 fallecidos, 422 heridos y mientras realizaban sus labores, 24 fueron asesinados.
Este país es el resultado de nuestras decisiones, de nuestros aciertos y desaciertos. El Gobierno y la Asamblea que salgan de las elecciones a las puertas no tendrán por delante un campo de rosas, pues todo lo malo se transmite más fácilmente que lo bueno y entre ellos habrá quien deberá recoger las tempestades que sembraron con sus vientos desestabilizadores.
Las soluciones son complicadas y nos pasarán factura a todos. No es para menos. Pero hay más: en un país, como en una familia, la culpa es una herencia colectiva. El discurso de la resiliencia y la adaptación en el contexto de la crisis es un discurso de la resignación, y tiene la audacia de además exigirnos aguantar los embates “con una sonrisa en la cara”.
El Estado, en síntesis, se encuentra entre la espada y la pared. La violencia se centra en fundamentos culturales, sociales y psicológicos de larga data. La tensión no solo no decae, sino que crece ante el desconcierto sobre lo que pasa y lo que está por venir. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Resistir, renunciar?