Daniel Márquez Soares
Los hechos de estas últimas semanas —el caso Metástasis, las denuncias del embajador estadounidense, las acusaciones de María Paula Romo, etc.— constituyen la gritante evidencia de que Estados Unidos, al menos bajo los lineamientos diplomáticos actuales, no tolerará una ‘gobernabilidad’ opaca en Ecuador. No importa cuán próspera, ordenada o pacífica pueda ser, una república sostenida sobre dinero sucio no será tolerada.
A fines del siglo pasado e inicios de este, Estados Unidos dedicó abundantes recursos y décadas de trabajo a prevenir el surgimiento de narcoestados en los Andes. La producción de cocaína no era lo importante —esta es más abundante hoy que nunca antes—, sino la prevención de la conquista del poder político por parte del dinero del narcotráfico. Tuvieron éxito evitando que eso sucediera en Colombia y desmontando lo que había sucedido en Bolivia; sin embargo, por estar ocupados persiguiendo terroristas en el Medio Oriente, no pudieron evitar que su pesadilla se tornara realidad en uno de los países más ricos en recursos del hemisferio: Venezuela. Hoy, la patria de Bolívar es un Estado fuerte, no alineado con Occidente, que además ha sido capaz de subyugar y poner a su servicio al narcotráfico.
Ecuador es un país dolarizado y poco bancarizado —un paraíso para el lavado de activos— en el que el dinero ilícito y el lícito conviven y se entremezclan tanto que ya resulta difícil distinguirlos. Si a eso se suma su situación geográfica —entre países productores de cocaína, con proyección al mercado brasileño por medio de la Amazonía, con la base natural para el Pacífico que son las islas Galápagos, con yacimientos de oro para lavar narcodólares, cercano a Estados Unidos, y con acuerdos comerciales y amplias exportaciones a Europa— se entiende por qué Occidente no quiere que aquí se repita el error de Venezuela.
El pacto en la Asamblea Nacional, los cambios en la comandancia de Policía y en las empresas públicas, el intento de juicio político a la fiscal general; todo apuntaba a un curioso entendimiento entre fuerzas que permitía volver a pensar en la ‘paz’ que reinaba en el país hasta antes de 2020. Sin embargo, en el momento preciso el caso Metástasis, resultante de revisar un teléfono durante catorce meses, dinamitó semejante proyecto. ¿De verdad nadie conocía las condiciones de vida de los jueces, fiscales y policías involucrados? ¿Nadie sabía que gente como Leandro Norero tenía contactos a ese nivel y a nadie se le ocurrió interceptar su teléfono? ¿Se está escuchando los teléfonos del resto de cabecillas equivalentes que este momento están en prisión y explotando también los teléfonos de todos los capos que han sido asesinados últimamente? ¿De verdad nos sorprende lo que se ha ‘destapado’?
El otro bando no se quedará quieto. Habrá retaliaciones de todo tipo y la guerra seguirá. Unas veces serán casos como Metástasis, otras escándalos como León de Troya; unas veces denuncias de un exministro y otras de otro; los asesinatos y magnicidios sin resolver seguirán apiñándose, así como las hipótesis y elucubraciones sobre ellos que deja cada nueva revelación. Al final, los ecuatorianos tendremos que decidir qué precio estamos dispuestos a asumir a cambio de la paz y qué papel vamos a aceptar en este nuevo orden geopolítico.