En Derecho Público, todo lo que se hace puede deshacerse si esta acción es de beneficio público. En el caso del suicidio económico aupado por la Corte Constitucional que imprudentemente puso a consulta el cierre de la producción de petróleo que ocasionará un perjuicio de 1.200 millones de dólares anuales al Fisco, bien puede la nueva Asamblea Legislativa revertir esta medida que fue de tipo político, perjudicial para el país que requiere de grandes recursos económicos para solventar las ingentes necesidades de la población. Más aún, las 80 hectáreas de los pozos, constituyen una migaja comparándolas con un millón de hectáreas del Parque Nacional (Protegido) Yasuní (0,008 por ciento) y que hasta el momento nada han destruido de la flora, fauna y a las poblaciones no contactadas, y al ser área estratégica para el Estado, han contribuido a su conservación y al beneficio directo de de miles de habitantes de las provincias de Orellana y Pastaza. Sería de desear que los nuevos presidente de la República y Asamblea Legislativa y los pobladores de dichas provincias, tomen en cuenta esta iniciativa beneficiosa para todos.
Enrique Alberto Guerrero Barba