La supuesta práctica de cobro de ‘diezmos’ en la Asamblea Nacional también alcanzó a la legisladora de PAIS.
El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, ordenó el arresto domiciliario con vigilancia policial para la asambleísta Karina Arteaga, a quien se le formularon cargos por el presunto delito de concusión.
En la audiencia que se realizó hoy, 25 de septiembre, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó 46 elementos de convicción para sustentar la teoría de que la legisladora solicitaba a sus colaboradores un aporte de su remuneración mensual para el movimiento PAIS. Una de sus exasesoras, Andrea Utreras, denunció estos hechos en el 2018.
Toainga indicó que existen depósitos a la cuenta del esposo de Arteaga por aproximadamente 30.000 dólares.
Asimismo, presentó la versión de Verónica Pinoargote, otra exfuncionaria de despacho de la Asambleísta, quien aseguró haber entregado 20 dólares mensuales.
El funcionario indicó que Arteaga afectó a la administración pública y violentó su cargo de elección popular.
Aunque Toainga solicitó al juez nacional la prisión preventiva de la legisladora, Jacho ordenó el arresto domiciliario, el uso de un grillete electrónico y además la prohibición de enajenar bienes y la retención de los valores de sus cuentas bancarias.
Arteaga estuvo representada por sus abogados, Leonardo Rosillo y Jorge Luis Zambrano. La defensa cuestionó que lo presentado por la Fiscalía no constituyen elementos para presumir que la funcionaria incurrió en un delito.
Aseguraron también que las excolaboradoras de la procesada entregaron sumas de dinero a otras personas y no directamente a Arteaga, por lo que deslindaron su participación.
La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días a partir de hoy. (FLC)