Denuncia tendría su fundamento en un informe del Ministerio del Ambiente, se señala.
En la Fiscalía del cantón El Pangui, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; y el asambleísta Elio Peña, presentaron sus versiones y reconocimiento de firma como parte de la denuncia presentada en contra de la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), operadora del proyecto Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme.
La denuncia, que es por presuntas irregularidades, fue presentada el pasado 8 de mayo.
Las acusaciones que se presentaron, según un comunicado de prensa, están sustentadas bajo un informe del Ministerio del Ambiente (MAE), presentado en diciembre del año 2017, donde indica que la empresa, aparentemente, no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable.
El informe del MAE manifiesta que se ha deforestado sin ningún control ambiental, no se realiza el reciclaje del agua, los tanques de las aguas residuales expenden malos olores y ha cumplido su vida útil. Así también, señala que de las 14 escombreras que emplea ECSA, solo una cuenta con los permisos correspondientes.
El asambleísta Peña refirió que harán el seguimiento eficaz y oportuno a fin de que den una respuesta y se reparen los daños ambientales. “Sabemos que parte de sus actividades están suspendidas, eso da cuenta de un atropello hacia la naturaleza”, dice. Además, el asambleísta indicó que está pendiente la visita del contralor general del Estado a los proyectos mineros. “Desde abril estamos esperando su llegada pero hasta la presente fecha no lo ha cumplido, de igual manera, he puesto una carta a la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, porque está pendiente también la visita de esa comisión al territorio, en su debido momento hicieron ese ofrecimiento y deben hacerlo”, explica.
El prefecto zamorano chinchipense indicó que “hemos venido a ratificar la denuncia y pedimos a la Fiscalía que haga la investigación correspondiente, para ello, estamos solicitando al organismo correspondiente el expediente completo de la realización de la consulta previa, establecido en el Art. 57 de la Constitución realizada a los pueblos indígenas, sabemos que nunca lo hicieron”.
Agrega que no se descartan poner otras demandas de presunto incumplimiento como se lo hizo en Azuay en el caso del proyecto Río Blanco. Anhela que la Fiscalía haga su trabajo enmarcado en la Constitución y en la Ley. (JGN)
Estaremos vigilantes de toda acción cometida en esta denuncia”
Salvador Quishpe
Prefecto de Zamora Chinchipe