Existe una sentencia que no se ejecuta desde hace 22 años.
ZAMORA. Varias organizaciones mineras de la parroquia San Carlos de la Minas (Zamora), autoridades provinciales y dirigentes, realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de Zamora en reclamo del dictamen a favor de la empresa minera Cumbaratza.
En la marcha se solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, que actué con responsabilidad de acuerdo a la Ley sobre el caso Cumbaratza. Este reclamo lo hicieron a las afueras del edificio de la Gobernación.
Estas actividades de protesta se deben a que la justicia ecuatoriana emitió un resultado a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, la cual mineros de la zona la denominan ‘empresa fantasma’ y al mismo tiempo exigen que no se inscriba ese título a nombre de la compañía.
Los problemas se vienen generando desde hace 10 años, en donde la supuesta empresa, de una familia de Guayaquil, enfrenta una disputa jurídica en contra del Estado, en donde reclaman ser titular de 30.000 hectáreas de áreas mineras concesionadas que incluyen los cantones de Nangaritza, Centinela del Cóndor y Zamora.
Una de las autoridades que está al frente de este tema es el prefecto Salvador Quishpe Lozano, quien dijo que “vamos 22 años esperando que se respete una sentencia, se supone que se debía aplicar inmediatamente, desde el 10 de enero del año 1996, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia, negando los supuestos derechos para esta empresa Cumbaratza”.
Curiosamente, luego del dictamen de esta sentencia en casación, un grupo de jueces de Guayaquil firmaron «autos de ejecución de sentencia» y con eso dio la vuelta el contenido de la resolución y en vez de revertir esas 30.000 hectáreas al Estado, ordenaron entregar a favor de la parte perdedora, es decir para la empresa Cumbaratza.
Ante esto Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial de San Carlos de las Minas, expresó que esta empresa nunca ha tenido su registro en el catastro como concesión minera. “Bastan los argumentos que hoy vemos para poder saber, que los pequeños mineros somos los que tenemos legalidad”, enfatizó Espinoza.
Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), invitó a mantenerse unidos y agradeció a las autoridades e indicó que la marcha no tiene bandera política. “Es una lucha del pueblo por eso ellos nos prestan su apoyo, desde el primer día”, resaltó la dirigente.
Franco Salinas, gobernador de la provincia, se refirió a que la lucha del pueblo es parte del Gobierno Nacional. “Ustedes representan el vivo sentir de la provincia, mejoran el asunto económico del sector, es por ello que hemos hablado con las autoridades a nivel nacional para extenderles el compromiso en esta lucha y jamás abandonarlos; por el sello que nos identifica ser la capital minera del país”, manifestó.
El asambleísta Elio Peña habló que en los problemas de la provincia las autoridades deben estar unidas para dar una respuesta a esta provincia. “El problema que hoy vivimos es de todos nosotros, es una clara evidencia que la justicia ha estado secuestrada por los gobiernos de turno, no vamos a permitir que favorezcan a una empresa de papel”, expresó el asambleísta. (WRSA)
CIFRA
30
MIL
hectáreas es el área en disputa entre el Estado y la compañía Cumbaratza.