La Defensoría Pública analiza un recurso de Habeas Corpus otorgado por la alcaldesa de El Coca, Anita Rivas, a favor de varios de los 22 detenidos en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana. Esto pudo conocer hoy, viernes, el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, mientras visitaba a estas personas que permanecen en una cárcel de Tena (Napo).
El director de los Defensores Públicos, Enrique Pazmiño, señaló que el recurso aún no ha sido efectivizado, pero manifestó que “de acuerdo a la Ley y a la Constitución, las autoridades están obligas a cumplir la resolución del Alcalde en un trámite de Hábeas Corpus”.
Acompañado por representantes de los Derechos Humanos, el secretario de la Cartera de Justicia, constató la condición en la que se encuentran los acusados de bloquear el acceso a las instalaciones petroleras.
En grupos de seis, los detenidos dieron sus versiones a Jalk sobre lo que ocurrió en Dayuma y cómo fueron detenidos por la Fuerza Pública.
“Nos sacaron de nuestras viviendas. Nos dieron culatazos de fusil; nos hicieron tender en el suelo, o sea, violaron nuestros derechos”, dijo a Teleamazonas Luis Sánchez, una de las personas privadas de su libertad.
Además de tratar de recoger información sobre eventuales violaciones a los Derechos Humanos, se pudo advertir que diez de los detenidos no eran manifestantes sino trabajadores de Petroproducción.
“Nos identificamos con nuestro carné de la empresa, que laboramos para Petroproducción, pero no hicieron valer nada de eso; igual nos cogieron, nos hicieron tirar al piso, enseguida nos golpearon y nos votaron a una camioneta”, aseguró Héctor Veloz, otro detenido en Dayuma.
Luego de visitar a la cárcel de El Tena, la Comisión del Gobierno recorrió el nuevo centro de Rehabilitación Social de Archidona en donde se realizan los acabados para que empiece a funcionar.
ecuadorinmediato