Violencia política contra mujeres, una realidad poco visibilizada

SITUACIÓN. Los casos de violencia política se generan a partir o junto a otros tipos de violencia contra las mujeres en la función pública.

Pese a que la participación de las mujeres en la política cuenta con un marco legal que incentiva y protege sus derechos para el ejercicio de la misma, según el artículo 65 de la Constitución del Ecuador, esta no ha llegado a consolidarse.

 

Esta llamada violencia política deriva de una evidente menor participación de las mujeres en los procesos democráticos, lo que preocupa a feministas y representantes de colectivos de mujeres que insisten en una representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública sean igualitarios.

 

Comparativo

 

Según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), las candidaturas principales en general son ocupadas por hombres que superan su participación en un 75% sobre las mujeres.

 

Hasta las elecciones seccionales de 2019, los candidatos a prefectos y alcaldes alcanzaron un 85% sobre las postulaciones de mujeres.

 

Desde el 5 de febrero de 2018 se oficializó la LOIV, muchos de los
 conceptos de violencia en dicha ley estipulados son los que se prevén 
elevar a delitos en el COIP.

 

En este 2023, el mismo fenómeno se repitió, pues en las últimas elecciones seccionales, de 24 prefectos postulantes, 16 hombres fueron electos y solo siete mujeres alcanzaron este cargo.

 

En cuanto a alcaldes, de 221 municipios a nivel nacional, sólo 40 mujeres llegaron a esta dignidad, a partir de los datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

Situación

Cecilia Mena, presidenta de la Organización Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, aseguró que desde 2018 en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (LOIV) “se explicó este tipo de violencia que sucede cuando mujeres candidatas, militantes o funcionarias públicas son sometidas por una persona o grupos de personas que impiden el ejercicio de su cargo o pretenden inducirla a que incurra en alguna situación en el marco de sus funciones que vayan en contra de su voluntad”, explicó.

 

Antonio Muenala, sociólogo, aseguró que la violencia política es más común en 
las zonas rurales, donde los presidentes de cabildos, tenencias políticas, 
comunidades y otras, en casi un 90% son ejercidas netamente por hombres.

Para la activista hay dos esferas que marca a este fenómeno, la primera cuando una mujer quiere ser candidata “y se encuentra con violencia simbólica como decirles que no deberían ser candidatas, sino estar en la cocina o haciendo alusión al lugar en el que debemos ubicarnos y la segunda es que se duda de la capacidad de las mujeres”, insistió Mena.

 

La representante aseguró que pudo ser testigo de un caso en el que una mujer indígena, economista, fue asignada a una comisión financiera, sus compañeros sesionaban a sus espaldas o se mofaban de su gestión en el pleno de las reuniones.

 

“Los comentarios eran que ella ni siquiera ha de saber llevar las cuentas de su casa. La señora no podía conocer las decisiones que tomaban estos personajes porque se reunían en los baños o no le convocaban a ella, cosas muy fuertes”, indicó.

 

Mena sostuvo la necesidad de que este tipo de violencia sea tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) dentro de las reformas sugeridas por varios colectivos de mujeres a nivel nacional. (MAG)