Un hombre de aproximadamente 27 años terminó detenido tras ser interceptado con varios indicios que lo relacionan con un presunto delito de usura.
El hecho se registró la tarde del viernes 27 de mayo de 2022, en Píllaro en una vía intercantonal, cerca de San Miguelito, por donde merodeaba con dinero en efectivo.
El ilícito
Las unidades de la Policía Nacional conocieron previamente de personas que desarrollan estas actividades ilegales, por lo que desarrollaron un operativo de rutina.
Todo parecía tranquilo, varios vehículos detenían su marcha para presentar su documentación en regla, hasta que llegó al lugar un sujeto a bordo de una motocicleta negra.
El asombro del individuo era evidente más aún cuando no podía evadir el control.
Los uniformados solicitaron al ciudadano que presente su documentación, la cual entregó correctamente, sin embargo, al solicitarle que se baje de la motocicleta para desarrollar un registro corporal, vendrían los inconvenientes.
El sujeto identificado como Carlos M., de 27 años, llevaba entre sus pertenencias alrededor de 600 dólares en efectivo, dinero que no pudo justificar su procedencia.
Pero eso no fue lo que alertó a la Policía, sino los documentos adicionales que llevaba, entre ellas tarjetas de cobro y de registro de una supuesta red de usura.
Uno de esos documentos daba clara muestra de que se trataba de un registro de deudores donde se obtenía la información importante de los ciudadanos a los que prestaban el dinero. A los indicios se sumó un celular y la motocicleta.
Policías de la Unidad de Criminalística realizaron la fijación y levantamiento de las evidencias, para ponerlas bajo cadena de custodia.
El fiscal de turno ordenó la detención de Carlos M., el mismo que fue trasladado hasta el centro de aislamiento transitorio de la Policía Nacional, mientras se desarrollan las investigaciones del caso.
Normativa
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la persona que otorgue un préstamo, usura, directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Además, establece que cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FCT)