Acompañado de dos agentes policiales de la Unidad de Criminalística (UCM) de Pichincha, llegó hasta las instalaciones del Municipio de Ambato el concejal Robinson Loaiza, con la finalidad de acceder a las máquinas donde se registran las multas por exceso de velocidad que captan los fotorradares en la ciudad.
Una vez en la municipalidad, con el pedido de peritaje de la Fiscalía General del Estado, al edil y los uniformados se les dio a conocer que, para dar efecto al procedimiento, debían contar con un pedido dirigido previamente al Alcalde de Ambato, y que el trámite tenía que ser ingresado a través de las ventanillas del Balcón de Servicios.
Esta situación generó desconcierto en Loaiza y en los uniformados, quienes debían ingresar con el papel habilitante generado por la Fiscalía, pero no lo lograron en primera instancia.
Cumplieron con todo
“Realizamos un pedido para acceder a la información derivado desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y Fiscalía, pues nadie se hace cargo de los correos de donde se están notificando las sanciones, las mismas que, de acuerdo a la Juez a cargo del caso, debían subirse desde marzo de 2020, se trata de un correo institucional (fotomultasambato.gob.ec)”, dijo Loaiza.
Añadió que ha pedido copias certificadas de documentos donde se autorice que se suban estas infracciones al sistema, pero les habrían indicado que no existen tales trámites, ni autorización, por lo que interpuso un recurso para salvaguardar la información de los sistemas informáticos.
Además de las notificaciones, Loaiza asegura que intenta evitar que vuelvan a darse situaciones irregulares, como las que denunció en junio de 2016 cuando en la administración municipal anterior, miles de multas no habrían sido aceptadas por el sistema o borradas del mismo, beneficiando supuestamente a familiares del entonces Alcalde, funcionarios municipales, de Estado, entre otros.
Hecho que fue sustentado con un documento emitido desde la Contraloría General del Estado, y con el que Loaiza asegura, se habría comprobado la irregularidad. “El peritaje permite recoger la explotación de las computadoras y obtener una copia de las bases de datos y determinar cómo se está dando el proceso de registro, sanción y recaudación de recursos que se reparten con la empresa privada, además de ratificar las irregularidades que se presentan desde la gestión municipal pasada”, dijo.
TOME NOTA Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. es la empresa encargada del sistema de fotorradares en Ambato.
Montos
Los peritos fueron traídos desde Quito, para garantizar la confiabilidad de la auditoría, según Loaiza, por tratarse de un tema que mueve alrededor de 100 millones de dólares.
Pues solo el noveno radar, situado en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, funcional desde enero de 2020, se pretende recaudar más de 60 millones de dólares.
CIFRA: 5 AÑOS Han transcurrido desde la primera denuncia realizada por el concejal Robinson Loaiza, sobre el presunto mal manejo del sistema informático de las multas por fotorradares.
No hubo trabas
Desde el Municipio se dio a conocer que la autorización para la ejecución de este procedimiento, ya habría sido dada por parte del alcalde Javier Altamirano.
Aseguran desconocer el malestar de Loaiza y los peritos, a quienes se les solicitó seguir con el protocolo institucional para poder dar efecto al pedido de Fiscalía.
Al cierre de la edición se conoció que la diligencia se realizó y se espera la elaboración del informe y su resultado se dé a conocer en los próximos días. (MAG)