Desacuerdos y polémica ha generado el documento emitido desde el Municipio de Ambato donde se obliga a los servidores de esta institución a firmar un acuerdo de no divulgación de información.
El 7 de diciembre la Directora encargada de Desarrollo Institucional y Talento Humano del Municipio de Ambato, a través de la circular DITH-21-133 dirigida a directores, coordinadores, jefes y servidores municipales; solicitó que cada servidor o trabajador público emita este documento firmado hasta el 10 de diciembre.
El momento en que los funcionarios municipales recibieron el acuerdo, varios de ellos mostraron su sorpresa y otros su molestia, aduciendo que no saben las implicaciones legales que traería el firmar dicho documento y que nunca les socializaron sobre esta nueva medida.
Un funcionario que pidió que se reserve su identidad manifestó que esto va en contra de sus derechos y la de los ciudadanos. “Con esto seguro se tratará de que nosotros no entreguemos información sobre casos de corrupción a los medios de comunicación”, manifestó.
Cambio de documento
El viernes 10 de diciembre Diario La Hora solicitó al Municipio de Ambato información sobre las razones para la firma de este documento, ya que claramente se violaba el derecho de acceso a la información, sobre todo con el artículo cuarto que decía: “se obliga en forma irrevocable ante el GADMA a no revelar, divulgar por cualquier medio de comunicación, facilitar bajo cualquier forma a persona alguna sea natural o jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de un tercero, toda la información generada durante la vigencia del presente convenio, así como la que pertenezca al GADMA”.
La noche del mismo viernes desde el Departamento de Comunicación del Municipio, a través de una carta se manifestó que existió una confusión con el “archivo borrador” del acuerdo, que fue enviado de forma involuntaria por parte del equipo técnico.
En ese comunicado se afirma que “en ningún momento nuestra institución ha querido coartar la libertad de expresión de los servidores públicos, ni mucho menos el acceso a la información a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. La Municipalidad de Ambato siempre tendrá las puertas abiertas para informar a la ciudadanía de todas las actividades que se llevan a cabo”.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público.
Junto con el comunicado se adjuntó un nuevo acuerdo, donde se evidenció varias modificaciones al texto original.
Uno de estos cambios se dio en el artículo cuarto, que en su nueva versión dice: “El SERVIDOR/A no podrá divulgar por cualquier medio sea verbal, escrito, telemático, por internet o cualquier vía la información que le sea entregada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, ni facilitar bajo cualquier forma a persona alguna sea natural o jurídica, pública o privada, o de cualquier otra naturaleza, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de un tercero, toda la información generada durante la vigencia del presente instrumento, así como la que pertenezca al GADMA sea que esta corresponda a preguntas de exámenes, metodologías, modelos de evaluación, formatos, resultados de procesos o cualquier otra información relacionada a los procesos operativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, excepto en lo dispuesto al art. 18 de la Constitución de la República del Ecuador”.
Derecho al acceso a la información
Para el abogado Agustín Sánchez, a pesar de los cambios realizados en el acuerdo, este documento sigue estando en contra de la ley.
Además, “existe una ambigüedad con el objeto y las obligaciones del servidor. El objeto lo deja amplio porque dice toda información que se genere en la institución, lo cual es restrictivo de derechos en base a lo que establece la ley de información pública, y en el otro artículo habla de metodologías, procesos, etc. Se está confundiendo propiedad intelectual con información pública, por ejemplo, si contrato una consultoría que me desarrolle procesos o metodologías, esto es de propiedad de la institución, pero no deja de tener un carácter de público y si quieren clasificar la información deberían cumplir lo que dice la ley en este tema”.
Según Sánchez, lo primero que hay que diferenciar es entre la información pública y la información reservada, que lo determina claramente la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información, y adicional existe una Ley de Protección de Datos Personal.
“El Municipio como entidad está obligado a entregar información, porque es información pública y eso es una garantía Constitucional”, señaló Sánchez, además, dijo que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a esta información.
“Este acuerdo me parece casi inejecutable y es una especie de atropello para el servicio público como tal”, afirmó Sánchez.
Violación de la Constitución
El Municipio de Ambato aplica entre sus colaboradores un “Acuerdo de no divulgación de información”: un cuerpo de ocho capítulos que limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a derechos ciudadanos…(1/2)https://t.co/ft57wuJmbR
— FUNDAMEDIOS (@FUNDAMEDIOS) December 10, 2021
La tarde del viernes Fundamedios, organización ecuatoriana que promueve la libertad de expresión, a través de sus redes sociales lanzó una alerta, donde afirma que este acuerdo limita severamente el acceso a la información pública en abierta violación a los derechos ciudadanos.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, el documento generado desde el Municipio de Ambato transgrede tratados internacionales de derechos humanos, la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y la misma Constitución de la República.
“Es un desatino completo e incluso puede acarrear graves consecuencias legales a quienes intentan obligar a funcionarios del Municipio que violen sus obligaciones con la Constitución y con los tratados internacionales. La obligación del funcionario público es más bien no firmar ese acuerdo”, señaló Ricaurte.
Para el Director de Fundamedios es preocupante que la institución se ampare en la supuesta declaratoria de información de uso exclusivo del Municipio, categoría que no existen en la legislación ecuatoriana y “es un desafortunado invento y muestra de creatividad de algún funcionario”.
Ricaurte dijo que la única manera para que no se entregue la información que reposa en las instituciones públicas es cuando esta es reservada y esto se declara por ley, recalcando, que la información pública es popiedad de los ciudadanos y los funcionarios son solo sus custodios.
Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el titular de la entidad o representante legal, será el responsable de entregar la información en un plazo máximo de 15 días a la persona que lo solicite.
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