Pese a que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispuso a la Municipalidad de Ambato que se retiren en cuatro días los fotoradares que funcionan sin autorización en la ciudad esto no ha sucedido.
El noveno fotoradar ubicado en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, cerca del redondel de Terremoto sigue en funcionamiento pese a que el plazo de retirarlo habría terminado el 2 de enero de 2022.
Mediante un memorando emitido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informa que el 5 de enero se hizo una inspección donde se ha constatado que los dos fotoradares siguen colocados dentro de la franja del derecho de uso de vía en la Red Vial Estatal E35 /E30 y al parecer funcionando con normalidad.
El mismo documento reza: “por tanto no se ha dado cumplimiento a la disposición dada por la Autoridad del MTOP. Los fotoradares han sido colocados sin autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, contraviniendo el uso exclusivo del Ministerio de Transporte y Obras Publicas como ente rector”, firmado por el Subsecretario Zonal 3, Guillermo Chávez.
Al respecto, desde el Municipio de Ambato se emitió un comunicado que explica que el alcalde Javier Altamirano cumplió el debido proceso como dar de baja el contrato con la empresa Safety; este documento manda que exista un trámite o proceso administrativo alrededor de cualquier acción sobre este fotoradar.
EL mismo escrito aclara que el documento que llegó de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no contaba con el sustento, fundamento o motivación legal adecuado.
Ante esto se han recurrido a los diálogos directos con la cartera de estado en Quito, para que ellos motiven de manera legal, lo cual no se ha hecho hasta el momento, insisten.
Mientras tanto la municipalidad habría notificado a la compañía Safety, pero esta se ha negado a retirar el noveno fotoradar.
Como siguiente paso el Municipio notificará al MTOP de la negativa de esta compañía, que es la encargada de retirar el fotoradar es la compañía.
Antecedente
La polémica nace debido a que, en agosto de 2021, se subieron las multas generadas por más de 60 millones de dólares.
Además, la Contraloría encontró varias irregularidades en el contrato y función de estos equipos, como la generación de pérdidas económicas al Municipio de Ambato. (CNS)
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