La necesidad de prepararse para rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) hace que los jóvenes busquen profesores o alguna institución que pueda guiar su camino para conseguir un cupo en alguna universidad pública del país.
Los servicios que brindan los denominados preuniversitarios empezaron a proliferar en redes sociales desde el inicio de la emergencia sanitaria, muchos de ellos ofrecen únicamente clases virtuales, no cuentan con oficinas ni otro respaldo que acredite su trabajo.
Casos
Julián Arias no consiguió el puntaje necesario para estudiar Ingeniería en Sistemas en la primera prueba que rindió, motivo por el cual decidió recurrir a uno de los preuniversitarios que vio por Facebook para prepararse.
“Solo nos pedían un depósito de 60 dólares, 30 dólares de la inscripción y 30 dólares que debíamos pagar mensualmente, se supone que las clases eran por Zoom”, dijo el joven, quien lleva dos semanas esperando la primera clase, pues la página en donde se promocionaba este servicio ya no existe.
Otro caso similar es el de Alison Paredes, quien sí recibió dos clases en el preuniversitario que se inscribió a mediados de diciembre.
“Desde enero nos aplazaron las clases, nos dicen que la próxima semana y hasta ahora nos han vuelto a dar una sola clase más”, mencionó la joven, quien pagó 60 dólares por este servicio que terminó siendo una estafa.
EL DATO En varios preuniversitarios se cobra hasta 600 dólares por la preparación de los alumnos.
Autoridades
Marco Navas, oficial de la Policía Judicial (PJ) de Tungurahua, dijo las denuncias de estafas vía internet registraron un aumento durante la pandemia.
De igual manera aseguró que muchos ciudadanos que deciden pagar o comprar por internet no se aseguran de que las páginas sean confiables.
Este medio de comunicación trató de comunicarse con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para consultar sobre el funcionamiento de los denominados preuniversitarios.
Así como también para conocer si este tipo de negocios deben cumplir alguna normativa que garantice a la ciudadanía su validez y existencia, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta. (RMC)